El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció este jueves luego del periodo de bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio y exigió al Gobierno realizar una “mea culpa” frente a la crisis económica y social que atraviesa al país, al momento de advertir sobre una escalada en el descontento social.
En conferencia de prensa, el líder sindical expresó su preocupación por los impactos del Decreto Supremo 5676 – que establece un ajuste en el precio del diésel para grandes consumidores – y consideró que la medida repercute de forma directa e indirecta en el costo de la canasta familiar. También cuestionó que persistan las filas para acceder a combustible y advirtió sobre el impacto que tiene el incremento de precios en distintos sectores.
“Decimos en este momento que teníamos la razón de estar en las calles, de estar protestando, pero lastimosamente creemos que no hemos recibido el apoyo de la población en ese momento, pero ahora estas medidas se están dando y los que están sufriendo de manera directa es la población y la clase más desfavorecida del país”, declaró.
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Afirmó que la cuestionada normativa representa un “duro golpe económico”, ya que elevará los costos de operación y producción y sus impactos trascenderán hasta las familias bolivianas. “Estamos sufriendo eso en las alcaldías, en las obras, en el sector productivo del país, en el sector minero asalariado”, dijo.
Al ser consultado sobre su alejamiento del escenario público, el dirigente explicó que mantuvo distancia de los medios para “no afectar” la defensa legal de las personas detenidas durante los 53 días de bloqueo y rechazó las versiones de que la actual dirigencia de la COB se haya “vendido” al órgano Ejecutivo.
En ese marco, exhortó a la administración del presidente Rodrigo Paz a revisar sus decisiones y encontrar respuestas a los problemas económicos, políticos y sociales. “Es momento de que el Gobierno haga una mea culpa, un análisis interno de qué solución le van a dar al país, no podemos tener al país en incertidumbre, en crisis política y económica que lastimosamente estamos teniendo”, dijo.
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Argollo también rechazó una eventual ampliación del Estado de excepción, al considerar que el órgano Ejecutivo no puede administrar el país recurriendo de manera permanente a esta medida.
“El Gobierno no puede gobernar a punta de estados de excepción, eso no es democrático; más bien tiene que enfocarse en solucionar la problemática estructural del país. Tenemos filas por combustibles, elevación de la canasta familiar y pronunciamientos de todos los sectores del país”, dijo.
Sostuvo que una ampliación, que requeriría el aval de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sería “un error” y pidió a los parlamentarios y al Gobierno concentrarse en resolver las dificultades económicas, energéticas, políticas y sociales del país.
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Aclaró que la posición del ente obrero no representa un llamado a la sedición ni busca derrocar al Gobierno, sino exigir que las autoridades respondan a las necesidades de la población.
“Tiene que tener la responsabilidad, la capacidad de solucionar los problemas del país y si no lo hace, estas situaciones y el descontento en los sectores va a crecer”, advirtió.
Sobre los acuerdos alcanzados entre la COB y el Gobierno, Argollo señaló que el avance de las mesas de trabajo no es satisfactorio y cuestionó la ausencia de algunos ministros y autoridades. Anunció que este martes se evaluará el cumplimiento de los ocho puntos acordados el pasado 19 de mayo.
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Por último, el líder de la COB anunció que se prevé convocar a una ampliado nacional en septiembre para evaluar los tres meses de vigencia del Estado de excepción y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno. El análisis también incluirá a organizaciones campesinas y otros sectores sociales que participaron en las anteriores movilizaciones.
Argollo remarcó que la organización mantiene como prioridad el diálogo y la acción orgánica, aunque advirtió que la falta de soluciones podría profundizar el malestar social.

