Por segundo día consecutivo, los productores agrícolas de la provincia de Marbán, en Beni, bloquean el puente San Pablo en demanda de la abrogación del denominado “decreto del diésel”. Una comisión del órgano Ejecutivo y el gobernador Jesús Eguez llegaron este jueves a la zona del conflicto para intentar instalar una mesa de diálogo.
Los movilizados paralizan la conexión entre la ciudad de Trinidad y el departamento de Santa Cruz y afirman que mantendrán la medida de presión hasta lograr la derogación de la norma. El puente San Pablo se encuentra aproximadamente a 140 kilómetros de la capital beniana.
Pese a que el país rige el Estado de excepción que prohíbe los bloqueos, la dirigencia del sector advirtió que no levantarán el bloqueo hasta obtener una respuesta del Gobierno.
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El decreto, aprobado por el Gobierno la anterior semana, fija inicialmente en Bs 18 el litro de diésel para tres sectores catalogados como grandes consumidores, mientras que para el resto de compradores mantiene el precio subvencionado de Bs 9,80.
La situación también generó largas filas de vehículos. Cerca de la medianoche, la extensa fila de motorizados y camiones evidenció el perjuicio ocasionado por la medida.
Los pasajeros que llegaron hasta el punto de bloqueo tuvieron que realizar transbordos o esperar un cuarto intermedio para retomar su viaje.
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La reunión entre las autoridades que encabezan la delegación, entre ellos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y los productores está prevista para esta jornada.
En el primer día de protesta, los manifestantes demandaron la presencia del presidente Rodrigo Paz o del ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, para abordar sus reclamos.
En paralelo, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, ratificó que el derecho a la protesta debe ejercerse dentro del marco legal y que las autoridades tienen la obligación de garantizar el libre tránsito.
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Además de la comitiva del Gobierno, la autoridad anunció el despliegue preventivo de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía en la zona, con el objetivo de resguardar la seguridad y garantizar el libre tránsito.
“Estamos identificando a quiénes son las personas que están llamando a este tipo de situaciones que están prohibidas en el país para que, con el debido proceso, la justicia tome acciones”, señaló.