En medio de tensiones con sectores productivos, transporte y comercio, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, anunció que realizará ajustes al Decreto Supremo 5676, que establece un precio diferenciado para los grandes consumidores de diésel, pero descartó por ahora su abrogación.
Afirmó que realizará una evaluación técnica para introducir cambios que permitan reducir el impacto de la medida y, al mismo tiempo, preservar el objetivo de corregir las distorsiones que afectan a las finanzas públicas.
“Se tienen que realizar ajustes para minimizar los riesgos”, declaró Morales, quien sostuvo que el órgano Ejecutivo buscará consensos con los sectores que rechazan la medida.
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La medida implementa un precio referencia de Bs 18 el litro de diésel para sectores catalogados como grandes consumidores –empresas, industrias, mineras y agroindustrias–, mientras que el resto de los usuarios –transporte público, vehículos particulares y pequeños negocios– seguirá con el precio subvencionado de Bs 9,80.
Morales abrió la posibilidad de revisar los cálculos y establecer precios diferenciados para determinadas actividades.
“Más que un ajuste en el sentido de eliminar el decreto tenemos que escuchar para que nosotros podamos de manera conjunta tratar que no se abrogue el decreto, pero generar las condiciones que puedan dar la certidumbre a los productores que puedan permitir encontrar un punto de equilibrio para las finanzas públicas y los diversos sectores que tiene preocupación sobre eso”, afirmó.
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La autoridad remarcó que “si bien hay que hacer ajustes al decreto, los vamos a realizar, pero es importante que el tema de corregir las distorsiones que hemos heredado son totalmente vitales”.
Durante una reunión con productores del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, reconoció que la aplicación del decreto está generando dificultades y abrió la posibilidad de realizar modificaciones a la normativa e incluso no descartó su abrogación. Posteriormente, el sector determinó un nuevo plazo de 48 horas al Gobierno para la derogación de la medida, caso contrario, activarán medidas de presión.
De igual forma, distintos sectores del país anunciaron movilizaciones en contra del decreto. Este miércoles, productores de la provincia Marbán, en Beni, instalaron punto de bloqueo en la ruta hacia Santa Cruz, pese a la vigencia del Estado de excepción.
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El ejecutivo de la Cámara de Transporte del Oriente, Luis Áñez, advirtió que la medida generó especulación y podría favorecer el mercado negro de combustible. El sector prevé reunirse este jueves con el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, para plantear sus demandas.
Asimismo, Morales descartó eliminar impuestos como mecanismo para contener el precio de los combustibles, argumentando que esa medida profundizaría las necesidades de financiamiento del Tesoro y podría afectar los recursos destinados a las regiones mediante la coparticipación.
Anunció que este miércoles se reunirá con su equipo de trabajo para evaluar las medidas ya asumidas por el Gobierno y comenzar un proceso de diálogo con los sectores movilizados y, en función a ello, definirán los ajustes que realizarán al decreto.