El alcalde de La Paz, César Dockweiler, denunció que en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz operaba una «organización criminal» que actualmente se está desmontando. Aseguró que la ciudad fue administrada con «odio» y «desidia», y que el diagnóstico inicial muestra una urbe «destruida» y sin visión de desarrollo. «Donde han podido le han metido la mano», sostuvo. Afirmó que se requiere intencionalidad para destruir y no construir, y que eso se refleja en el estado en que recibió el municipio.
Dockweiler señaló que heredó una gestión caracterizada por desinterés, improvisación y presuntos negociados. De los primeros 90 días de su administración, 50 transcurrieron en medio de conflictos que complicaron el arranque. Pese a ello, dijo que se aplicó una doble agenda: atender las movilizaciones para que los servicios básicos no se paralicen y, de forma paralela, avanzar en la gestión municipal. «Me duele mucho cómo la han tratado a nuestra ciudad», manifestó.
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El alcalde destacó el trabajo del equipo municipal que asumió jornadas extendidas desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, incluidos sábados, domingos y feriados. Indicó que varios funcionarios ya se sumaron a ese ritmo y pidió que el 100% de los trabajadores del municipio entre en la misma dinámica. «Tengo el compromiso de trabajar por ella, para mejorarla», afirmó.
En el ámbito administrativo y financiero, Dockweiler informó que se iniciaron 55 auditorías, de las cuales 11 ya concluyeron. El resultado preliminar estima un posible daño económico de Bs 27 millones en la gestión del exalcalde Iván Arias. Entre las obras observadas figuran la ampliación del Puente Víctor Paz, la Avenida del Poeta en el Distrito 21 y el Hospital Municipal San Antonio de segundo nivel. Detalló irregularidades como ausencia de estudios técnicos, modificaciones presupuestarias realizadas por resolución ejecutiva sin aprobación del Concejo y cuentas por pagar no registradas.
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El burgomaestre también se refirió al caso de ESME, la empresa municipal de maquinaria. Denunció que antes del cambio de gestión se dispuso su liquidación para encubrir contrataciones irregulares. Explicó que se prefirió alquilar maquinaria a terceros en lugar de invertir Bs 8 millones para poner en funcionamiento el 45% del parque automotor propio, lo que derivó en una deuda superior a Bs 40 millones con proveedores. Anunció que las 44 auditorías restantes continúan en proceso y que se presentarán los resultados de forma progresiva.