En un nuevo pronunciamiento, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, responsabilizó al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y al comandante general de la Policía, Mirko Sokol, por la escalada de la violencia en el departamento de Santa Cruz.
El mandatario se pronunció sobre los dos hechos de sangre suscitados en los municipios de San Matías y Yapacaní, que dejaron siete fallecidos y dos mujeres desaparecidas, y afirmó que la seguridad en el departamento “está abandonada”.
“No voy a mentirle al pueblo cruceño. Lamentablemente la seguridad de Santa Cruz está abandonada”, sostuvo Lara, quien apuntó a dos factores el actual escenario de violencia.
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Detalló que una de la primera causa es que las autoridades priorizaron el ámbito político sobre las políticas de seguridad. “Mientras la gente muere, las autoridades locales están más preocupadas en la pelea política que en patrullar, en investigar, en proteger. ¿Acaso no sé formó un comité de seguridad en Santa Cruz?, cuestionó en referencia a las acciones definidas por los tres niveles del Estado tras el asesinato de un alto funcionario del órgano Judicial.
También apuntó a la actual relación entre el Gobierno y la Policía que –según dijo– atraviesa “la crisis más grave de esta gestión”, debido a las denuncias de corrupción en el interior de ambas instituciones y cuestionamientos contra sus principales autoridades.
“¿Con qué autoridad moral vamos a pedirle al policía de a pie que se enfrente al crimen organizado si desde arriba no le damos respaldo institucional ni limpieza?”, cuestionó.
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El mandatario recordó su periodo en las filas de la institución verde olivo y afirmó que conoce la labor que realizan los efectivos en las calles. “Sé lo que es salir a la calle con miedo y sin equipamiento. Sé lo que es tener jefes que miran sus intereses. Y por eso digo con toda responsabilidad: así no se enfrenta al narcotráfico”, agregó.
En ese contexto, lanzó tres recomendaciones al Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y las autoridades departamentales y regionales para frenar la escalada de la violencia en Santa Cruz.
La primera es fortalecer “de manera inmediata” la presencia estatal en San Matías y Yapacaní, con efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Unidad de Inteligencia; desplegar helicópteros y drones para reforzar los patrullajes y labores preventivas, además de estrechar la coordinación con Brasil para dar con los responsables y con las dos mujeres desaparecidas. “Cada hora cuenta”.
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“Segundo: Cero encubrimiento. Si hay policías, aduaneros o autoridades locales protegiendo estas rutas, que caigan. Que la Inspectoría General actúe ya. No vamos a permitir que la sangre de cruceños tape la corrupción de algunos”, indica el pronunciamiento.
La tercera propuesta contempla aplicar un plan para asegurar la frontera con Brasil. “Santa Cruz no puede seguir siendo el patio trasero del crimen. Se necesita inversión real en scanner, en control migratorio, en inteligencia criminal y en protección a las estancias y comunidades fronterizas”, señaló.
Asimismo, el vicepresidente pidió “perdón a nombre del Estado” a las familias de las víctimas y sentenció: “Les fallamos”.
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“Santa Cruz no merece vivir con miedo. Bolivia no merece que el crimen marque territorio mientras nosotros discutimos La lucha contra el narcotráfico y la violencia no se gana con comunicados. Se gana metiendo presos a los jefes, quitándole la ruta al delito y devolviéndole la paz a la gente”, finalizó.
Los dos hechos violentos registrados en San Matías y la localidad de Ascención de la Frontera y el hallazgo de dos personas decapitadas en Yapacaní, de acuerdo a las primeras hipótesis de la Policía, son protagonizados por sicarios o miembros de facciones criminales.
El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, no descartó también que ambas localidades sean escenarios de una pugna entre el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), temidas bandas delincuencias de Brasil.