El presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que la aprobación del Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, que reasigna al Gobierno algunas atribuciones de las gobernaciones, pone en marcha el proceso de distribución denominado “50/50”, aunque remarcó que el esquema que promueve la admiración nacional no solo significa “repartir plata”, sino transformar la forma en que funciona el Estado.
En la víspera, la Cámara de Senadores aprobó una ley corta que modifica el financiamiento de los prediarios a las personas privadas de libertad y del bono de vacunación del personal de salud, trasladando las responsabilidades al órgano Ejecutivo. La iniciativa busca aliviar la carga económica de los gobiernos departamentales y garantizar la continuidad de los beneficios.
El proyecto para derogar la Ley 3302, aprobada en 2005 y mediante la cual se asignaba el pago de ambos programas a las gobernaciones, fue remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.
LEE TAMBIÉN: Investigan a dos hombres por venta de medicamentos sin registro sanitario en La Paz
A través una publicación en redes sociales, el presidente Paz recordó que durante más de dos décadas los pagos fueron financiadas por las regiones con recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
“Esto es 50/50 en acción. Redefinimos responsabilidades entre el nivel central y las autonomías, para que cada región libere recursos y los invierta en su propio desarrollo. No es repartir plata. Es transformar cómo funciona el Estado”, escribió.
El primer mandatario señaló que el nuevo sistema de redistribución de recursos públicos “sentará las bases para empoderar” a los gobiernos departamentales y municipales, priorizando mayores fondos en áreas clave como educación, salud y desarrollo.
LEE TAMBIÉN: Cámara de Diputados aprueba crédito del BID para ampliar la Línea Café de Mi Teleférico
Según el reporte de la Agencia Boliviana de Información (ABI), el proyecto responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de ambos beneficios sin comprometer las finanzas de los gobiernos departamentales.
Durante la sesión de la Cámara Baja, los legisladores señalaron que el cambio permitirá fortalecer las campañas de salud pública y brindar mayor certidumbre al personal que participa en programas de vacunación en todo el país.