La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió un mandamiento de aprehensión contra el expresidente y líder de los cocaleros del Chapare, Evo Morales Ayma, por una serie de delitos relacionados con los 53 días de bloqueos, dentro de una causa penal abierta a solicitud del Comité Cívico Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno.
De acuerdo al documento, Morales enfrenta cargos por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La resolución judicial instruye al funcionario policial asignado al caso “aprehender y conducir” al exmandatario a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción.
LEE TAMBIÉN: Acuerdo con el FMI contempla $us 1.900 millones y Gobierno prevé canalizar hasta $us 5.000 millones
El mandamiento de captura se enmarca dentro de la investigación activada tras la denuncia interpuesta por el presidente de la institución cívica de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, a la cual se sumó después una demanda de la cartera de Estado, presidida por el ministro Marco Antonio Oviedo Huerta.
Las pesquisas indagan la presunta comisión de delitos durante las movilizaciones y bloqueos de carreteras, registrados entre mayo y junio de la presente gestión, que generaron considerables pérdidas económicas debido a la suspensión de las cadenas de producción y abastecimiento, además de paralizar las actividades cotidianas en las ciudades de La Paz y El Alto.
Las medidas de presión fueron promovidas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” y grupos afines a Morales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Desde el Gobierno, diferentes autoridades denunciaron un plan de desestabilización en contra del primer mandatario.
LEE TAMBIÉN: Abogado de Sokol dice que audio filtrado fue ‘descontextualizado’ y anuncia investigación interna
La investigación busca establecer responsabilidades sobre la organización, convocatoria y consecuencias de las protestas sociales que dejaron 20 fallecidos y 88 heridos. Ente los sindicados figuran Mario Argollo, líder de la COB, y Vicente Salazar, exdirigente de la federación de campesinos, quien cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

