El informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de investigar el caso denominado “gasolina basura”, detectó irregularidades en los controles de calidad de combustibles importados y señaló responsabilidades de dos gestiones del Ministerio de Hidrocarburos y dos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Por ello, recomendó a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado (CGE) activar procesos contra los presuntos responsables.
El diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, explicó que el documento apunta a los exministros Alejandro Gallardo, del Gobierno de Luis Arce, y Mauricio Medinaceli, de la administración de Rodrigo Paz por la importación de gasolina que no cumplía con los estándares de calidad y, posteriormente, autorizar su distribución en el mercado interno.
La investigación abarca hechos ocurrido entre octubre de 2025 y enero de 2026. Alarcón explicó que la normativa vigente en ese periodo permitía presentar los certificados de calidad hasta diez días después del mes siguiente a la importación, lo que posibilitaba la venta del combustible antes de completarse la verificación documental.
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El legislador señala que la investigación menciona dos decretos supremos que, a criterio de la comisión, habrían permitido el ingreso al país de gasolina que no cumplía con los estándares de calidad. Según explicó, las responsabilidades involucran al expresidente Luis Arce y al exministro Gallardo por la aprobación de las normas y al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, por – entre otras irregularidades – llevar a acabo el proceso de importación.
Ya en el Gobierno de Paz, Alarcón agregó que Medinaceli dispuso el desprecintado de cinco tanques que contenían combustible observado y su posterior distribución “sin que pase por el respectivo control de calidad”, mientras que el extitular de la petrolera, Yussef Akly, decidió continuar con los contratos impulsados por la gestión de Dorgathen.
“Sobre Akly y Dorgathen, la comisión señala que ellos han permitido que se interne a Bolivia este producto que no era de la calidad adecuada y, además, que los distribuya con esa mala calidad”, afirmó.
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Asimismo, el diputado indicó que el informe de la comisión contempla tres recomendaciones: remitir todos los antecedentes al Ministerio Público para las “investigaciones penales que correspondan sobre la base de los hallazgos y los indicios” que se evidencia, y a la Contraloría para iniciar con las auditorias correspondientes.
La última sugerencia del documento exhorta al Gobierno fortalecer las capacidades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para “ejecutar un adecuado control de la calidad de los carburantes”.
Según Alarcón el informe identificó la probable comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.
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El informe será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración y, en caso de ser aprobado, los antecedentes pasarán a las instancias competentes para la determinación de eventuales responsabilidades.