La Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) solicitó al Gobierno impulsar proyectos e incentivos que permitan sustituir el uso de mercurio en la explotación de oro, con el objetivo de promover una actividad más sostenible y cumplir con los compromisos ambientales asumidos por el Estado.
El presidente de la federación, Víctor Quispe, informó este lunes que las cooperativas afiliadas comenzaron un proceso de socialización para reducir gradualmente el uso del elemento, en cumplimiento del Convenio de Minamata, tratado internacional que busca proteger la salud y el medio ambiente con la reducción progresiva del uso del material.
No obstante, indicó que el cambio requiere de respaldo estatal.
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Según el dirigente, existen tecnologías alternativas para el procesamiento del oro, como el uso de cianuro y otros métodos, aunque advirtió que su aplicación demanda inversión, asistencia técnica y programas de apoyo que faciliten la transición hacia una minería con menor impacto ambiental.
“Necesitamos inversiones e incentivos para que la minería pueda crecer aún más de lo que ahora está punteando. Hace un tiempo ya se ha aprobado la ley para dejar de usar mercurio, pero queremos también de parte del Gobierno que haya proyectos y alternativas para que nosotros podamos seguir realizar la actividad minera aurífera para dejar de usar mercurio”, sostuvo Quispe.
Durante una conferencia de prensa previa a la Cumbre Minera, el dirigente también presentó la propuesta que el sector presentará al Ministerio de Minería, la cual incluye seis ejes principales: seguridad jurídica, contratos mineros, fortalecimiento institucional, protección del medio ambiente, comercialización y lucha contra la minería ilegal e incentivos para el desarrollo productivo.
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En materia ambiental, la organización plantea promover la incorporación de tecnologías más limpias para disminuir los efectos de la actividad minera sobre el entorno.
Quispe detalló que, en cuanto al tema de la minería ilegal, uno de los factores que favorece su expansión es la demora en la aprobación de contratos y otros trámites administrativos. Ante ello, consideró que agilizar esos procedimientos permitiría brindar mayor seguridad jurídica a las cooperativas y reducir las operaciones irregulares.
Sin embargo, sostuvo que los campamentos que operan al margen de la ley no deben ser considerados ilegales, ya que – según dijo – la misma burocracia estatal obliga a los trabajadores mineros a realizar actividades sin concluir con las gestiones correspondientes.
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Finalmente, el dirigente de Fecoman reiteró su pedido para que el Gobierno promueva políticas de incentivo e inversión que contribuyan a modernizar la minería aurífera y fortalecer la producción del sector.
“Queremos también fomento del Gobierno para que podamos realizar la actividad minera limpia y sana como manda nuestro medio ambiente”, expresó.