El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, presentó una solicitud a la Procuraduría General del Estado (PGE) y a las comisiones de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para impulsar acciones que permitan recuperar más de 233 millones de bolivianos destinados a las elecciones generales de 2019, proceso que fue anulado en medio de denuncias de fraude.
Goitia indicó que los recursos públicos desembolsados para ejecutar el proceso electoral no generaron un resultado valido y que una posterior convocatoria a nuevos comicios provocó un nuevo egreso para el Estado. Por ello, consideró pertinente activar las gestiones correspondientes para que los responsables del daño económico restituyan los fondos invertidos.
“Lo que he hecho hoy es presentar una carta al Procurador general del Estado y a las comisiones de Constitución del Legislativo para que llevemos adelante la recuperación los más de 233 millones de bolivianos que se han gastado en las elecciones de 2019, que más o menos equivalente a 34 millones de dólares, que se han gastado ni ningún redito para la democracia boliviana”, declaró en conferencia de prensa.
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El alto funcionario sustentó su propuesta en las conclusiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones de 2019, cuyo primer informe identificó una “manipulación dolosa” informática en el proceso electoral, y la reciente decisión del Gobierno de Estado Unidos (EEUU) de desclasificar documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) relacionados a un fraude electoral electrónico en Venezuela.
Afirmó que ambos antecedentes evidencian un patrón de “manipulación electoral” en la región y, en el caso de Bolivia, una “manipulación informática” durante los comicios de ese año.
“Ese modelo venezolano de manipulación informativa parece que se exportó a Bolivia, donde se lo importó y aplicó”, sostuvo.
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El propósito de las misivas enviadas, explicó el vocal electoral, es articular esfuerzos entre el órgano Electoral, la PGE y la ALP para definir el mecanismo legal que permita recuperar los recursos invertidos en el fallido proceso electoral.
Goitia detalló que se evalúan las vías penal y civil para iniciar el proceso de restitución. Ambas requieren interponer acusaciones contra quienes participaron en la manipulación informática denunciada por la OEA.
Precisó que las acciones podrían ser promovidas en el ámbito civil, ya que –según dijo– la prioridad principal es que los responsables reparen el daño económico ocasionado al Estado.
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“Estos procesos civiles buscan que quienes generaron este daño lo paguen. Esa puede ser una persona o puede ser una organización política. En la vía penal, ahí hay que ir a los actores, quienes estuvieron involucrados en el fraude de 2019, quienes deben responder penalmente”, expresó.
El vocal expresó su expectativa por una respuesta favorable de la Procuraduría General y de las comisiones de Constitución de la ALP para encarar el proceso de recuperación de los recursos.