La Cámara de Exportadores de La Paz y municipios productores de madera de Santa Cruz exigen al Gobierno de Chile una disculpa pública internacional o una compensación por los daños provocados tras conocerse que los análisis realizados hasta el momento sobre los cargamentos de madera boliviana retenidos en el país vecino no encontraron rastros de cocaína.
El pronunciamiento surge luego que la Fiscalía de Arica, en Chile, afirmó que en cargamentos de madera boliviana de exportación se encontraban supuestamente ocultas más de 180 toneladas de droga. Sin embargo, según el vocero presidencial, José Luis Gálvez, los resultados de laboratorio conocidos hasta el momento dieron negativo y descartaron esa versión.
Mario Rojas, gerente general de la Cámara de Exportadores de La Paz, lamentó que el caso denominado “narcomaderas” derivó en “declaraciones irresponsables” y en investigaciones contra empresas madereras de Bolivia.
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Afirmó que las investigaciones apuntan a descartar las acusaciones de las autoridades chilenas y que la imagen del sector forestal quedó perjudicada a nivel nacional e internacional, principalmente las empresas cuyos nombres fueron publicados durante las pesquisas que, finalmente, no detectaron irregularidades.
“Una vez que Chile dé a conocer la parte oficial, se van a ver las denuncias que se van a presentar y pedir legalmente”, anunció el representante, quien remarcó que algunos cargamentos destinados a mercados de Europa, Estados Unidos y Asia quedaron retenidos dentro de la causa penal y posteriormente fueron liberados gradualmente.
Según Rojas, en casi tres meses, el 66% de las exportaciones de madera boliviana registró perjuicios, lo que generó pérdidas económicas por la paralización de envíos y restricciones en su comercialización.
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Afirmó que esas pérdidas “tienen que ser resarcidas de alguna manera”, incluyendo por la vía legal.
En esa línea, el vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Robert Schock, indicó que las acusaciones de Chile provocaron la paralización de las exportaciones de madera durante 40 días, además de una estigmatización de toda la cadena productiva.
Sostuvo que las afectaciones no solo alcanzaron al sector maderero, sino también a exportadores, aserraderos, e incluso transportistas y trabajadores de la actividad.
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“Los municipios productores de Santa Cruz exigimos, a través de la Cancillería, que haga la representación para que nuevamente las actividades forestales puedan generar divisas”, expresó.
Schock explicó que cada aserradero genera entre 40 a 60 empleos diarios, pero el caso “narcomaderas” obligó a varias de ellas a disminuir su producción debido a las restricciones en su comercialización.
Uno de los municipios mas afectados es Concepción. Su alcalde, Mauricio Viera, detalló que el sector forestal representa entre el 60% y 70% de la economía del municipio. “Por eso, exigimos que todo vuelva a la normalidad para que este sector pueda levantarse y dar sustento a las familias concepcioneñas”, afirmó.