El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, cuestionó la coordinación de manera reservada entre el órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para impulsar el paquete de leyes de “reformas estructurales” y planteó que las iniciativas sean publicadas para iniciar un proceso de socialización con la población.
En un video difundido en redes sociales, el mandatario sostuvo que el respaldo a las propuestas del Gobierno no deben realizarse “entre cuatro paredes”, ya que – según dijo – esa práctica reproduce errores del pasado y genera desconfianza.
“El Presidente, como cabeza del Ejecutivo, acaba de coordinar con el Legislativo un paquete de diez leyes, pero quiero decirlo con toda claridad, esto no puede hacerse entre cuatro paredes, estamos cometiendo los mismos errores del principio”, afirmó.
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Lara respaldó las solicitudes de que las propuestas deben ser publicadas en sitios oficiales y expuestas ante la población mediante una campaña de socialización, utilizando todos los canales estatales.
Consideró que un debate público contribuirá a despejar dudas y evitar la divulgación de especulaciones. “Una ley que no se conoce, no se defiende, una ley que se no explica, se teme”, dijo.
En ese marco, planteó que el contenido de las normas sea explicado en un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, y que los medios de comunicación estatales sean utilizados para promover un diálogo abierto y una “construcción colectiva” de las iniciativas.
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“Nosotros no podemos gobernar con sospechas, tenemos que gobernar con la gente. Por eso les pido al presidente y al órgano Legislativo tomémonos el tiempo, es mejor demorar unos días más socializando, que aprobar en quince minutos una ley que después el pueblo no entiende ni respeta”, afirmó.
El pronunciamiento del vicepresidente surge después que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció que ya comenzaron las reuniones con las diferentes bancadas políticas de la ALP para coordinar el envío y posterior tratamiento de un paquete de leyes.
El Gobierno busca allanar el camino para la aprobación de las iniciativas e iniciar el proceso de restructuración en áreas estratégicas del Estado, como hidrocarburos, minería, inversiones, entre otros.