El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucional contra los artículos de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción en Bolivia. Sin embargo, no dispuso ninguna medida cautelar porque los accionantes, diputados Rolando Pacheco y Basilia Cruz, ambos del frente político Alianza Popular, tampoco la solicitaron.
La admisión del recurso quedó formalizada mediante el Auto Constitucional 0314/2026, con el que el máximo tribunal constitucional iniciará el análisis de las disposiciones observadas por los legisladores, quienes sostienen que podrían ser incompatibles con derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y por tratados internacionales.
El recurso fue presentado el 8 de junio, luego que el órgano Legislativo sancionó la ley 1740 de estados de excepción, en el marco del periodo del bloqueo de carreteras que superó los más de 50 días.
LEE TAMBIÉN: Tuto exige la destitución del gerente de BoA tras denuncias de privilegios
En su memorial, los parlamentarios solicitaron la admisión de la acción, declarar la inconstitucionalidad de dicha norma y la derogación de los incisos f) e i) del artículo 5; los incisos e) y f) del artículo 6; además de los artículos 18, 25 y 26.
Según los accionantes, estas disposiciones podrían afectar principios fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el control judicial de las actuaciones ejecutadas durante un Estado de excepción.
En la resolución, el TCP señala que corresponde admitir la acción promovida por ambos parlamentarios para evaluar la constitucionalidad de los artículos impugnados.
LEE TAMBIÉN: Gobierno decide remover del cargo al gerente de BoA tras su viaje a EEUU
Los diputados argumentan que, si bien la norma fue aprobada en un escenario de conflictos sociales y prolongados bloqueos de carreteras, ese contexto no justificaría la incorporación de disposiciones que otorguen mayores prerrogativas a la fuerza pública o permitan restringir derechos sin un adecuado control de la justicia.
Entre los puntos observados figura el inciso f) del artículo 5, que establece la presunción de legitimidad de los actos de la administración pública mientras no sean declarados contrarios a la ley, así como el inciso i), que reconoce la presunción de validez de las decisiones administrativas.
Tras admitir la demanda, el TPC dispuso notificar al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edman Lara, para que, en representación del órgano que aprobó la norma, presente un informe y los argumentos que considere pertinentes.
LEE TAMBIÉN: El dólar supera los Bs 10 por primera vez con el tipo de cambio flexible
La autoridad legislativa contará con un plazo de 15 días para apersonarse al proceso antes de que el tribunal continúe con el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados.
La acción constitucional surge semanas después de la declaratoria del Estado de excepción en todo el país, el pasado 20 de junio, en respuesta a una crisis social caracterizada por más de 50 días de conflictos y bloqueos de carreteras promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y grupos afines al evismo.