El dirigente de los gremiales de El Alto, Antonio “Toño” Siñani, solicitó la aprehensión del líder de los cocaleros del Chapare, Evo Morales, del secretario ejecutivo de la Central Obrera boliviana (COB), Mario Argollo, y del senador Nilton Condori, a quienes responsabilizó por los prolongados bloqueos que afectaron a diferentes regiones del país.
Destacó la captura del ejecutivo de la Federación de Trbajadores Campesinos “Tupac Katari” de La Paz, Vicente Salazar, y afirmó que, junto con Morales, Argollo y Condori, debe responder ante la justicia por los considerables daños económicos ocasionados a sectores como el comercio, turismo, transporte e industria.
“Hasta el día de hoy el Gobierno no aprehende a Evo Morales Ayma, al señor Mario Argollo, como también al senador Condori, quienes han hecho desmanes y han hecho quebrar a los gremiales a nivel nacional (…) Tenemos muchas pérdidas, nadie nos devuelve las pérdidas, lo que queremos es que el Gobierno se ponga las pilas y los pueda aprehender”, declaró.
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Siñani acusó a los líderes sindicales y al parlamentario de promover acciones violentas durante la crisis social registrada entre mayo y junio, y de organizar las protestas sociales que prácticamente paralizó la actividad económica en la urbe alteña y arrastró al país a una crisis económica más aguda de la heredada por la administración de Luis Arce.
Morales, Argollo y Salazar enfrentan al menos cuatro denuncias penales por los bloqueos que se extendieron por 53 días. Una fue presentada por el Ministerio de Gobierno, otra por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, y la tercera por Siñani.
La causa penal de la cartera de Estado fue presentada en mayo y derivó en la aprehensión del dirigente de los campesinos de La Paz, quien ya fue imputado por cinco delitos y espera la instalación de su audiencia medidas cautelares.
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La imputación incluye cargos por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
En tanto, el proceso interpuesto por los cívicos fue admitido por la Fiscalía y avance conforme a los plazos correspondientes. Sin embargo, el dirigente gremial denunció que hasta el momento no recibió una respuesta de parte del Ministerio Público.
Según dijo, la acusación no solo exige una sanción penal contra los responsables de los bloqueos, sino también una compensación económica para los sectores que resultaron perjudicados.
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“Nos tienen que dar resarcimiento de daños a los gremiales, transportistas, microempresarios porque ya no tenemos mercadería, no tenemos economía. ¿Qué vamos a vender?”, declaró.