El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respondió a la declaratoria de emergencia de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” tras la aprehensión de su principal dirigente, Vicente Salazar, y afirmó que Bolivia aún enfrenta las consecuencias económicas de los 53 días de bloqueos de carreteras.
“En Bolivia está permitido protestar, pero lo que no está permitido es bloquear. Ante la declaración de emergencia, es importante recordar que recientemente estuvimos 53 días en emergencia, las ambulancias estaban en emergencia, los alimentos no podían llegar, los combustibles tampoco; realmente hemos estado en vilo en el país”, afirmó.
La organización campesina declaró la noche del sábado el estado de emergencia por la captura de Salazar Limachi, quien enfrenta cargos por delitos como instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y terrorismo, en un proceso abierto por los bloqueos registrados en los últimos dos meses.
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En un comunicado, el sector exigió la liberación inmediata del dirigente, al asegurar que solo asumió un rol de “portavoz” de las determinaciones de las bases de las 20 provincias del departamento de La Paz.
Desde Santa Cruz, el ministro Justiniano sostuvo que el país vivió una situación crítica durante más de 50 días y recordó que los bloqueos afectaron las cadenas de abastecimiento, el movimiento de servicios e insumos médicos y provocaron un impacto económico que, según dijo, aún golpea a la población.
Remarcó que los responsables de la extrema medida de presión deben responder ante la justicia y que el Gobierno no permitirá que los hechos queden impunes. En ese sentido, señaló que corresponde al Ministerio Público y al órgano Judicial desarrollar las investigaciones y definir la situación legal del dirigente detenido, respetando el debido proceso.
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“Esperamos que la Fiscalía y la justicia tomen los caminos que corresponde, cumpliendo los procesos y, en función de eso, se defina cuál va a ser el destino del señor Vicente Salazar (…) El país está en emergencia económica y en este momento incluso hay gente que está en emergencia económica; realmente fue una situación muy dura (los bloqueos). Esto no puede quedar en la impunidad”, afirmó.
El líder de la federación de campesinos fue aprehendido la tarde del sábado en la ciudad de El Alto, dentro de un proceso activado a solicitud del Ministerio de Gobierno, en mayo. La defensa legal del dirigente informó que aún desconocen los detalles del caso y anunció que presentará una acción de libertad.
En paralelo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) informó que expulsó a tres integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y abrió procesos disciplinarios contra otros dos dirigentes por respaldar los bloqueos y desconocer al secretario ejecutivo de la organización, Víctor Hugo Roca.
Entre los sancionados figura Alejandro Ticona, mientras que Severo Marca fue remitido a la Comisión de Ética por presuntamente promover las movilizaciones sin autorización de la dirigencia nacional.