A partir de la declaración del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, en el inicio del juicio oral por la asonada militar de junio de 2024, la defensa legal impulsará un juicio de responsabilidades contra el expresidente del Estado, Luis Arce, por el delito de traición a la patria.
El proceso ingresará en su etapa final el próximo 13 de julio y se conocerá el futuro del exjefe militar y de otras 21 personas investigadas por el despliegue de unidades militares en la plaza Murillo, en la ciudad de La Paz, hecho que la Fiscalía catalogó como un presunto intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Arce.
El abogado de Zúñiga, Eduardo León, sostuvo que su defendido brindará su testimonio en el juicio oral y, posteriormente, impulsará un proceso de responsabilidades contra el exmandatario y otras autoridades de su administración.
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“Sobre esa base vamos a elaborar el pliego acusatorio para que se pueda iniciar un juicio de responsabilidades en contra de esta autoridad (Luis Arce) y lo vamos a demandar por traición a la patria para que se lo pueda condenar a 30 años de cárcel”, declaró a la agencia estatal de noticias.
Según el jurista, Arce Catacora y exautoridades del Gobierno habrían planificado un supuesto “autogolpe de Estado” y encargaron a Zuñiga dirigir un operativo militar en el centro político del país. En ese marco, anunció que promoverá una demanda por el delito de traición a la patria contra Arce, con el objetivo de que sea procesado.
En el proceso por la incursión militar también figuran como acusados los excomandantes de la Armada, Juan Arnez, y de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Marcelo Zegarra, por su presunta participación en los hechos. Por otro lado, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Gonzalo Vigabriel, negó cualquier vínculo con el caso y no fue incluido en la investigación.
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León insistió en que la responsabilidad por el uso de las FFAA recaería en el expresidente Arce, el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el entonces comandante en jefes, mientras que el resto de los militares habrían actuado bajo ordenes superiores.
Asimismo, el abogado aseguró que, durante la administración de Arce, algunos oficiales investigados fueron presionados para admitir responsabilidad y luego acogerse a la figura de testigos protegidos. También afirmó que varios de ellos recibieron cargos públicos y ascensos como parte de esos beneficios.
El 26 de junio de 2024, tropas militares al mando de Zúñiga ingresaron con vehículos blindados a la plaza Murillo, en un hecho que el entonces Gobierno de Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado. Horas después, el exjefe militar fue aprehendido y la Fiscalía activó un proceso por terrorismo y alzamiento armado.
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Desde entonces, Zúñiga permanece recluido en el penal de El Abra, en Cochabamba, mientras enfrenta varios procesos judiciales. Recientemente, publicó una carta en la que aseguró que el país aún no conoce “toda la verdad” sobre la asonada militar y afirmó que la historia terminará por esclarecer lo ocurrido.
“Podrán encarcelar nuestros cuerpos, pero jamás encarcelarán el honor de un soldado, su juramento a la bandera ni su amor por Bolivia. La historia siempre termina imponiendo la verdad”, aseguró.