La diputada Lissa Claros, de Libre, presentó una petición de informe oral al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y anunció que impulsará una denuncia penal por incumplimiento de deberes y funciones. La legisladora cuestiona su actuación durante los recientes conflictos sociales que impactaron a la población y destacó que no corresponde mantener en el cargo a autoridades que no responden a la ciudadanía.
La legisladora cuestionó el uso de recursos de la institución, que representa cerca de 500 millones de bolivianos contemplados en el Presupuesto General del Estado, y señaló que la entidad no estaría cumpliendo un rol efectivo de defensa de la población boliviana.
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En el marco de la fiscalización, Claros adelantó que presentará una denuncia penal contra la autoridad por presunto incumplimiento de deberes y funciones. Aseguró que no corresponde sostener en el cargo a servidores que, a su juicio, no atendieron las demandas ciudadanas durante los últimos conflictos sociales.
La parlamentaria espera que la autoridad responda ante la comisión correspondiente sobre su paradero, las acciones ejecutadas y las medidas adoptadas para proteger los derechos de la población, incluyendo a los sectores que resultaron afectados por bloqueos y agresiones.
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Claros aclaró que, si bien la destitución directa no es inmediata, la vía que se busca es la penal. Afirmó que continuará con las acciones hasta obtener explicaciones sobre el desempeño de la Defensoría, al considerar que el Estado destina recursos importantes a una institución que, según su valoración, dejó a la ciudadanía sin representación en momentos críticos.
La diputada señaló que, de acuerdo con el reglamento, la petición de informe debería atenderse en un plazo de entre 15 y 20 días. Advirtió que no se debe dilatar el proceso, debido a que las respuestas son necesarias para complementar y respaldar la denuncia penal que su bancada ya está preparando contra la institución.