La Vicepresidencia del Estado expresó su preocupación por la implementación del nuevo régimen cambiario flexible establecido mediante la Resolución Ministerial 245. A través de un comunicado, aclaró que un sistema de tipo de cambio flexible no es negativo en sí mismo, pero advirtió que Bolivia enfrenta un contexto económico frágil.
El pronunciamiento señala que el país tiene reservas internacionales debilitadas, escasez de divisas y una fuerte dependencia de las importaciones. Según la Vicepresidencia, esos factores podrían traducirse en un incremento del costo de vida para la población si el nuevo esquema no cuenta con condiciones de respaldo adecuadas.
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Sin disciplina fiscal, mayor ingreso de dólares y confianza en la economía, el Gobierno corre el riesgo de que el cambio se convierta en un acelerador de la inflación y la incertidumbre, sostiene el comunicado. Para sustentar la advertencia, se citan experiencias de Argentina, Zimbabue, Rusia y Turquía, donde flexibilizar el tipo de cambio sin soporte institucional derivó en devaluaciones, pérdida del poder adquisitivo y daño al aparato productivo.
La Vicepresidencia también cuestionó la legalidad de la medida. Argumentó que la Ley 1670 atribuye exclusivamente al Banco Central de Bolivia la administración del régimen cambiario, por lo que pidió al Ministerio de Economía respetar las competencias del ente emisor.
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Finalmente, exigió transparencia y una explicación clara al país sobre los alcances, riesgos y mecanismos de protección del ajuste. El objetivo, indicó, es evitar que la modificación cambiaria termine afectando los salarios, los precios de alimentos, medicamentos y la estabilidad económica de las familias bolivianas.