La diputada de Libre, Adriana Jiménez, inició un proceso contra autoridades de los gobiernos del Movimiento al Socialismo. La legisladora acusa a exfuncionarios de la presunta entrega de prebendas, recursos del Estado y bienes a sectores sociales y dirigentes durante sus gestiones. Jiménez sostiene que estas acciones habrían implicado el uso irregular de bienes y recursos públicos para favorecer a grupos afines, y el proceso busca establecer responsabilidades por los hechos denunciados.
“Ahora venimos a denunciar que los principales actores han recibido dádivas millonarias durante el gobierno del Movimiento al Socialismo y ahora han generado pérdidas millonarias también a todo un país”, afirmó. Como ejemplos citó la compra de una sede sindical a la Central Departamental Obrera de Cochabamba por 725 mil dólares, la construcción de una sede para la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba por más de 657 mil dólares, y la compra de un inmueble para el CONAMAQ por más de 140 mil dólares. Detalló también adquisiciones en La Paz, El Alto, Oruro y Potosí que superan los 50 mil dólares.
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La diputada sostuvo que “todo esto con recursos del pueblo boliviano, con recursos públicos que han sido destinados ya a personas que figuran como privados”. Aseguró que se generó un daño económico millonario al país gracias a las prebendas entregadas a la COB, Bartolinas y CONAMAQ, sectores a los que calificó como “los principales secuestradores de este país, dañando la economía”. Mencionó además que solo en el caso del Fondo Indígena, entre 2015 y 2019 hay 129 procesos aperturados por más de 2 mil millones de bolivianos.
Jiménez anunció que presentaron una denuncia por daño económico al Estado y exigen que se procese penalmente a los funcionarios de la anterior gestión que transfirieron bienes y recursos económicos a privados. “Los culpables vayan a parar a la cárcel, pero sobre todo devuelvan el dinero robado a los bolivianos que ahora más que nunca lo vamos a necesitar para hacer inversiones y lamentablemente para reparar todas las carreteras que han sido dañadas en estos días de bloqueo”, señaló. Cuestionó también la existencia de “proyectos fantasmas a nivel nacional” y pidió información a la brigada parlamentaria para hacer seguimiento.
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Finalmente, la legisladora vinculó a los sectores beneficiados con los actuales bloqueos. “Estamos denunciando que son los mismos sectores que se han visto beneficiados durante años con montos precisos los que ahora han perjudicado enormemente al país, han enlutado a las familias bolivianas”. Exigió que la justicia determine responsabilidades, no solo con pena privativa de libertad, sino con la devolución de cada uno de los recursos económicos que fueron “despilfarrados”, para que puedan ser recuperados y destinados a la reparación de daños.