En el marco de las investigaciones por los más de 50 días de bloqueos, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, consideró que el Ministerio Público debería proceder con la anotación preventiva de bienes de dirigentes sindicales y promotores de la medida de presión para garantizar una reparación por los daños generados a los sectores afectados.
El conflicto social, impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” de La Paz y sectores afines al expresidente Evo Morales, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, impactó en siete de los nueve departamentos del país, generó 14 muertes, entre ellos pacientes que no accedieron a atención médica oportuna, y pérdidas económicas estimadas en más de 2.500 millones de dólares.
Tras la suspensión de la totalidad de los cortes de vías, varios sectores sociales y productivos exigen resarcimiento de daños y procesar a los principales promotores de las medidas de presión.
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Paredes sostuvo que el Ministerio Público asumirá un rol fundamental en la atención de las demandas que serán presentadas en torno a la crisis y establecer responsabilidades por los perjuicios generados a causa del bloqueo de carreteras.
“El Ministerio Público tiene que recibir todas las demandas de los damnificados y, a mi criterio, hacer la anotación preventiva de bienes de quienes han instigado y han hecho este daño tan fuerte al país”, declaró.
Según el viceministro, entre los responsables figuran dirigentes sindicales y otros implicados que calificó como “instigadores”, además apuntó directamente contra el expresidente Evo Morales como el principal promotor de las movilizaciones contra el Gobierno.
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“Hay dirigentes, instigadores y diferentes personas. (Evo Morales) es el principal instigador y seguramente se van a abrir algunos procesos en torno a Morales y su equipo”, dijo.
Durante los actos oficiales en conmemoración por el bicentenario de la Policía Boliviana, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, solicitó este miércoles al Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y a la Justicia actuar con firmeza contra los responsables de los daños económicos registrados durante los 53 días de bloqueo registrados en el país. Afirmó que aquellos que ocasionaron perjuicios a la población deben ser encarcelados.
“Una cosa es la reivindicación social, una cosa es la protesta que está amparada en la Constitución, pero otra cosa es hacerle daño al pueblo”, afirmó.
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El primer mandatario sostuvo que su administración mantendrá abiertas las vías de diálogo para aquellos que busquen atención a sus demandas dentro del marco constitucional, pero advirtió que no habrá tolerancia con acciones que vulneren la normativa vigente.

