El secretario ejecutivo de la Transporte Pesado de Potosí, Nelson Valle, confirmó este miércoles la muerte de tres choferes varados en las carreteras, a causa de los bloqueos que persisten hace más de 40 días. Ante ello, rechazó que la Central Obrera Bolivia (COB) condicione un posible diálogo con el Gobierno con supuestas garantías para que sus dirigentes no enfrenten procesos judiciales por hechos relacionados con las protestas sociales.
“Estos señores deben ir a la cárcel, así de claro, la justicia no debería haber esperado a que haya fallecidos (…) son 48 días de bloqueo y hoy (martes) mandaron su nota para dialogar con imposiciones que no corresponden. ¿A quiénes representa la COB? A nosotros jamás nos han representado, ellos siempre se han servido del Estado”, declaró en contacto con los medios de prensa en la Villa Imperial.
Después de varias semanas de conflictos y desencuentros, la administración del presidente Rodrigo Paz y la dirigencia de la COB abrieron la posibilidad de instalar un espacio de diálogo.
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El secretario ejecutivo del ente obrero, Mario Argollo, presentó un pliego de ocho ejes temáticos para entablar un diálogo que permitan resolver la actual crisis. Entre sus demandas figuran la liberación de las personas detenidas durante las movilizaciones y garantías para sus representantes ante procesos judiciales.
Valle rechazó la solicitud de “impunidad” y afirmó que los pliegos petitorios del ente matriz dejaron de impulsar demandas sociales para asumir un carácter político. En ese marco, advirtió que el sector no permitirá el avance de propuestas que apuntan a una presunta protección a los dirigentes.
“Nosotros no vamos a tolerar eso, se tienen que hacer cargo de estos tres fallecidos”, sostuvo.
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Respecto a las tres bajas en el sector del transporte pesado, el dirigente detalló que dos choferes fallecieron en la carretera La Paz-Oruro y el tercero, en una región fronteriza. Además, alertó que existen miles de operadores que permanecen retenidos sin alimentos, medicamentos ni ropa adecuada para enfrentar las condiciones climáticas propias del altiplano.
Ante ello, afirmó que los principales promotores del prolongado bloqueo de caminos deben responder ante la justicia por la muerte de los transportistas y las pérdidas económicas provocadas al sector. Agregó que estas situaciones no pueden quedar sin investigación ni sanción.
Tanto la COB como la Federación de Campesinos ‘Tupa Katari’ de La Paz condicionaron su participación en una mesa de diálogo con el Gobierno a una serie de demandas. En el caso de la organización campesina, que mantiene los cortes de rutas en la región, exigió un decreto de amnistía presidencial y cuestionó la apertura de procesos contra bloqueadores y movilizados por delitos como terrorismo, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir.
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Asimismo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó su participación en el diálogo previsto para este miércoles entre el órgano Ejecutivo y la dirigencia sindical en calidad de “garante”. La presencia de la autoridad fue solicitada por la COB, que pidió garantizar de “no persecución judicial” ni “judicialización” de las protestas.