El Concejo Municipal de La Paz aprobó, por mayoría, la Ley Municipal de Libre Locomoción y Transitabilidad, una norma que establece mecanismos para que la Alcaldía intervenga antes bloqueos y protestas que afectan la circulación de personas, abastecimiento de productos esenciales y el normal desarrollo de las actividades económicas de la sede de Gobierno.
La normativa tiene como objetivo resguardar el derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente y garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, como alimentos, medicamentos y combustibles, durante escenarios de conflictos sociales.
La iniciativa fue promovida por la concejala Alejandra Delgado, quien señaló que la propuesta surge a raíz de los conflictos registrados en los últimos meses, que generaron problemas de abastecimiento, dificultades para acceder a servicios de salud y perjuicios económicos para distintos sectores de la urbe.
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“La Paz no puede seguir siendo rehén de medidas que vulneran derechos fundamentales. Con esta ley damos un paso importante para defender la salud, alimentación, el trabajo y la libre circulación”, declaró.
Entre sus disposiciones, la norma instruye al Ejecutivo Municipal activar medidas preventivas cuando existan indicios de movilizaciones que puedan derivar en cortes de vías. Para ello, deberá impulsar espacios de diálogo y coordinación con autoridades de distintos niveles del Estado, la Defensoría del Pueblo, instituciones religiosas y representantes de los sectores involucrados.
Además, contempla acciones posteriores cuando los bloqueos ya estén instalados. En esos casos, la Alcaldía podrá asumir acciones legales ante el Ministerio Público, promover recursos constitucionales para la defensa de derechos colectivos, exigir la reparación de daños a bienes públicos e incluso solicitar al Gobierno central la declaratoria de un Estado de excepción en situaciones de conmoción interna.
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“La protesta es un derecho, pero el mismo no puede ir en contra de otros derechos fundamentales. Esta ley busca garantizar que nunca más los paceños sean quienes paguen las consecuencias de los conflictos”, remarcó la concejal.
Agregó que el documento busca proteger el derecho al trabajo de comerciantes, transportistas, artesanos, productores, emprendedores y operadores turísticos, además de garantizar la libre circulación de la población.
La normativa también fija restricciones a las medidas de presión, estableciendo que ninguna protesta podrá impedir el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, bloquear el paso de ambulancias, obstaculizar el trabajo de los medios de la prensa ni cerrar las principales rutas de acceso al municipio.
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Otro de los puntos incluidos en la ley establece que el Ejecutivo Municipal deberá informar al Concejo sobre las acciones asumidas durante los conflictos y elaborar planes de recuperación para las zonas afectadas una vez superadas las emergencias.
Tras su aprobación, la norma fue remitida al alcalde César Dockweiler para su promulgación y posterior publicación en la Gaceta Oficial para su entrada en vigencia.