El juez de la ciudad de La Paz, Luis Fernando García, determinó detención preventiva para Nelson Alejandro Mendoza y Eddy Rolando Torrico, dos gerentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco de la investigación del denominado caso “gasolina basura”.
La audiencia cautelar de los exejecutivos de la petrolera estatal se desarrollo la tarde del viernes. Según el fallo judicial, Mendoza, gerente comercial de YPFB, será remitido a la cárcel de San Pedro de La Paz y Torrico, gerente de YPFB Logística, al penal de Palmasola de Santa Cruz.
Ambos funcionarios permanecerán recluidos por el lapso de seis meses, mientras avanzan las investigaciones, luego de ser imputados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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El proceso fue abierto a denuncia de la diputada de Libre, Lissa Claros, y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
De acuerdo al Ministerio Público, Mendoza y Torrico conocían que el combustible importado tenía altos índices de goma y manganeso, y no tomaron en cuenta los certificados de calidad, sin embargo, no realizaron ninguna acción para impedir su distribución en el mercado interno.
En la audiencia, la defensa legal de los imputados presentó documentación para sustentar que el combustible cuestionado fue adquirido mediante contratos firmados en gestiones anteriores y bajo condiciones que —según su versión— desconocían los actuales funcionarios.
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En el caso de Torrico, su defensa alegó que los primeros reportes sobre la mala calidad del combustible se conocieron a inicios de enero, antes de su posesión el 27 del mismo mes. Por su parte, Mendoza sostuvo que el control de calidad no era de su competencia directa y que se limitó a solicitar informes que posteriormente fueron elevados a instancias superiores.
El fiscal coordinador del caso, David Torrez, adelantó que la investigación continúa con múltiples actos investigativos y no descarta convocar a declarar al expresidente de YPFB, Yusef Akly, al exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, así como a otros exfuncionarios vinculados a las áreas de industrialización, comercialización, adquisición y distribución de combustibles.
“Todos aquellos que están dentro de la cadena hidrocarburífera serán convocados dentro de la presente investigación”, señaló Torrez.
El caso investiga la presunta distribución de la denominada “gasolina basura”, un combustible con alto nivel de goma que habría provocado daños mecánicos en decenas de vehículos en el país. Por este proceso, ya existe al menos un tercer implicado con detención preventiva: el exgerente de Comercialización, Carlos Cuéllar Pinto, recluido en Palmasola.