Pasada las 12:30 horas de este jueves, la Cámara de Senadores instaló su sesión ordinaria que abordará, entre otros puntos, el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción
La reunión legislativa inició bajo la modalidad ‘hibrida’ ante la imposibilidad de algunos legisladores de llegar a la ciudad de La Paz por los bloqueos, y avanza hacía el tratamiento de la propuesta, luego de que el órgano Ejecutivo retirara el texto presentado el miércoles y remitiera una nueva versión para su evaluación por parte de la Cámara Alta.
Este cambio obligó a los legisladores a revisar nuevamente el contenido antes de ingresar a su debate en detalle. La norma en cuestión tiene como objetivo reglamentar la aplicación de los estados de excepción contemplados en la Constitución Política del Estado (CPE), tras la abrogación de la Ley 1341.
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Al respecto, el senador de Libre, Leonardo Roca, detalló que la sesión del Senado dará prioridad a la propuesta presentada por el líder del Ejecutivo nacional, Rodrigo Paz, al cual anticipan al menos dos observaciones.
Precisó que la primera observación al documento es que para decretar un Estado de excepción, el Gobierno estaría “solicitando autorización” a la Asamblea Legislativa, figura que considera errónea porque es una atribución constitucional otorgada al primer mandatario.
La segunda tiene que ver con la participación de la Defensoría del Pueblo en la planificación de operativos durante la aplicación de la figura constitucional, ya que –según dijo, el titular de la institución, Pedro Callisaya, podría filtrar información que perjudique a las operaciones planificadas por la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).
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Por su parte, el senador Pedro Sánchez mencionó que el tratamiento de la norma será por tiempo y materia, con la finalidad de revisar, corregir y aprobar la reglamentación para que la Cámara de Diputados inicie su tratamiento y apruebe la norma hasta el viernes.
Aclaró que el objetivo principal no es acelerar la aplicación de un Estado de excepción, ya que hasta el momento es considerada una medida de prevención. Al contrario, afirmó que colaborar en los esfuerzos para encontrar una salida pacífica, por medio del diálogo, al conflicto.
En esa línea, el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, enfatizó que la prioridad del Gobierno es el diálogo con los sectores movilizados, aunque mencionó también que la eventual aprobación de la figura constitucional es una “herramienta más” entre las alternativas para despejar las rutas y restablecer el orden público.
El tratamiento de la reglamentación del Estado de excepción tomó mayor relevancia en los últimos días, en medio del incremento del conflicto social tras cinco semanas consecutivas de movilizaciones y bloqueos y las dificultades de abastecimiento que afectan principalmente al departamento de La Paz, cercada por los puntos de protesta de sectores sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

