La noche del martes, pocas horas después de ser aprobada en la Cámara de Diputados, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1732, que deja sin efecto la Ley 1341 sobre Estados de excepción. La nueva disposición ya fue publicada en la Gaceta Oficial.
La norma, aprobada con respaldo mayor a dos tercios tanto en el Senado como en Diputados, establece en su artículo único la abrogación de la Ley 1341, vigente 2020.
“Se abroga la Ley N° 1341 de 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción”, indica el artículo único de la norma que ya fue publica en la Gaceta Oficial del Estado.
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La propuesta legislativa tuvo un tratamiento acelerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desde su consideración y posterior aprobación por los senadores el pasado domingo.
El tratamiento legislativo en la Cámara Baja se extendió por más de cinco horas en una sesión virtual marcada por cruces políticos y jurídicos respecto a las consecuencias de eliminar la regulación sobre estados de excepción.
Los parlamentarios que respaldaron el proyecto de abrogación argumentaron que la anterior normativa limitaba la capacidad del órgano Ejecutivo para actuar frente a los conflictos sociales y bloqueos que afectan principalmente al occidente del país.
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Para el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, la actual coyuntura requiere de decisiones más firmes por parte del Estado. En la sesión, aseguró que la protesta y la huelga están garantizadas, pero rechazó los hechos de violencia registrados en las movilizaciones.
Además, señaló que el país enfrenta una confrontación entre “el pueblo boliviano y los terroristas”.
En la misma línea, el diputado de la alianza Unidad, Carlos Alarcón, defendió la eliminación de la ley bajo el argumento de que permitirá restituir facultades constitucionales al órgano Ejecutivo frente a escenarios de conmoción interna y violencia social.
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Sin embrago, desde el mismo oficialismo y la oposición surgieron criterios a favor de la Ley 3141. La diputada Sonia Siñani advirtió que la abrogación podría incrementar la tensión política y social en el país, comparando la medida con “echar gasolina al fuego”.
La norma en cuestión reglamentaba la aplicación del Estado de excepción previsto en la Constitución Política del Estado (CPE) y fijaba límites sobre las acciones extraordinarias que podía asumir el Gobierno en casos de emergencia, conflictos internos o desastres naturales.
La promulgación de la nueva ley surge en medio de casi un mes de bloqueos y protestas que han generado problemas de abastecimiento, escasez de combustibles y restricciones en el tránsito rumbo a la sede de Gobierno.
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Previo a la decisión del órgano Ejecutivo, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, presentó una acción de amparo constitucional para frenar la abrogación. No obstante, el proceso legislativo continuó y el presidente Paz promulgó la ley pocas horas después de su sanción en la ALP.