El Ministerio de Obras Públicas denunció que los sectores movilizados generaron daños de consideración a maquinaria pesada estatal durante los enfrentamientos con el contingente policial y militar que intenta despejar la carretera que conecta los departamentos de La Paz y Oruro, y graves afectaciones en la capa asfáltica de la vía en las tres semanas de movilizaciones.
Desde la madrugada de este sábado, elementos de seguridad y cuadrillas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) lograron restablecer parcialmente el flujo vehicular desde la Ceja de El Alto hasta Villa Armonía.
Sin embargo, luego de su llegada a la zona de Ventilla, la caravana institucional encontró la resistencia de grupos de bloqueadores que intentaron frenar el avance del contingente.
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En medio de las refriegas, los manifestantes dañaron el parabrisas y los vidrios laterales de una retroexcavadora de la estatal caminera. La maquinaria afectada no paralizó sus funciones y continúa en plena operación del operativo denominado “Corredor humanitario con banderas blancas”.
De acuerdo a una nota institucional, la ABC informó que el operador resultó ileso gracias a los protocolos de seguridad y al resguardo de efectivos de la Policía y Fuerzas Armadas.
Además de las agresiones, los técnicos de la institución evidenciaron destrozos de consideración en la capa asfáltica de la Red Vial Fundamental (RVF), provocados por la quema descontrolada de neumáticos y el arrastre de piedras utilizadas para obstruir la plataforma, factores que degradan los componentes del pavimento.
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El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que dirige una caravana formada por vehículos oficiales que se dirigen hacia la ciudad de Oruro reconoció que tras el avance del convoy los grupos de protesta volvieron a cortar la ruta como hacen desde hace más de dos semanas.
«Tenemos que continuar hasta el final. Nos vamos a encontrar con el otro operativo que viene desde Oruro y tomaremos decisiones«, dijo Zamora desde la mitad de la carretera.
El operativo policial y militar pretende liberar la carretera para facilitar la llegada de alimentos e insumos médicos a La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por las protestas que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.