El dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz, Vicente Salazar, informó que presentaron una acción popular contra el órgano Ejecutivo por el operativo policial y militar ejecutado el anterior fin de semana en diferentes puntos de bloqueo instalados en la carretera La Paz-Oruro.
“Hemos presentado una acción popular junto con nuestros abogados para que se tomen cartas en el asunto porque no puede ser que sigan tratando de amedrentar al pueblo e intimidar. Ha crecido la susceptibilidad en los pueblos indígenas”, afirmó.
Explicó que el recurso judicial fue interpuesto en contra del presidente del Estado, Rodrigo Paz y el gabinete de ministros, al considerar que se vulneró el derecho a la protesta de los campesinos de las 20 provincias, además cuestionó la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el operativo policial del 16 de mayo.
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La madrugada del pasado sábado, la Policía y las FFAA desplegaron un operativo de desbloqueo en la carretera que conecta ambos departamentos para despejar la ruta y garantizar el ingreso de alimentos, combustible, medicamentos e insumos médicos a las ciudades de La Paz y El Alto. Empero no lograron completar el recorrido para evitar un posible enfrentamiento con la marcha de simpatizantes del expresidente Evo Morales que avanzaba a la sede de Gobierno.
Los sectores ‘evistas’ apoyan las protestas de organizaciones movilizadas, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, que demandan la renuncia del presidente Paz.
“Ante estos actos de vulneración de derechos de los sectores populares que representan a un sector muy importante de la sociedad, se ha presentado este recurso”, dijo Salazar.
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A criterio del dirigente, el órgano Ejecutivo solo puede instruir el despliegue de las FFAA cuando la Policía queda «rebasada» durante un conflicto social, situación que –según dijo– no ocurrió.
Insistió que la movilización responde a la defensa de los intereses de la población y de sectores humildes, y no así a afanes políticos ni partidarios. “Nos dicen narcotraficantes, pagados, masistas, evistas, arcistas. Por eso existe molestia”, dijo.
Asimismo, Salazar espera que el sistema judicial otorgue celeridad a su acción popular, al igual que en otros casos similares interpuestos contra las movilizaciones convocadas por su organización.
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“Hemos visto como en 24 horas ha casado resoluciones, cómo han sacado admisiones y declaraciones constitucionales. Ahora pedimos a la justicia que, con esa misma celeridad, responda al pueblo”, afirmó.
Según el dirigente, la federación de campesinos ya fue notificada por al menos ocho acciones populares contra las manifestaciones y bloqueo de rutas que asfixian a la sede de Gobierno desde hace tres semanas, las cuales cuestionó porque –según dijo– están haciendo uso de su derecho a la protesta.
En el operativo denominado “Corredor Humanitario” del pasado fin de semana se desactivaron varios puntos de bloqueo en la vía La Paz-Oruro. En Rio Seco, una de las zonas con mayor conflictividad, la Policía aprehendió a varios campesinos que hacían vigilia en el sector, debido a la negativa de levantar la medida de presión.
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Sin embargo, luego del paso de las fuerzas de seguridad, otro grupo de manifestantes volvió a suspender la circulación vehicular.
Producto de los enfrentamientos con la Policía, el dirigente dijo que se registró la muerte de dos campesinos, pero después se conoció que ambos fallecieron una semana antes de la intervención.
Salazar insistió que los decesos tiene relación con el operativo policial y militar, y señaló que aguardan los informes forenses para fundamentar su versión, aunque el Ministerio de Salud y la Policía ya precisaron las causas de muerte de los dos manifestantes.