El Comité Civico Pro Santa Cruz expresó su rechazo a los recientes hechos de violencia registrados en el país, que tuvo como punto álgido el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, crimen que consideró como un ataque directo a la democracia y al Estado de derecho.
En un pronunciamiento público, la entidad advirtió que el hecho de sangre no puede ser catalogado como aislado, sino que evidencia el fortalecimiento de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y a conflictos por tierras.
“Las mafias organizadas, sean del narcotráfico o de la tierra, ya no le tiene miedo a la justicia porque han aprendido que la ley en Bolivia no tiene quien la defienda. La fusión entre el control territorial y la violencia del narcotráfico está creando un escenario de ‘Estado fallido’ en la administración de justicia”, dice el comunicado.
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El pronunciamiento surge después del asesinato de Claure, quien llegó en un vehículo a un condominio de la ciudad de Santa Cruz. Según la Fiscalía, dos sujetos a bordo de una motocicleta seguían al motorizado; uno de ellos descendió, se acercó al lado del magistrado y disparó al menos en seis ocasiones.
De acuerdo con la autopsia médico legal, la autoridad judicial recibió cuatro impactos de bala, los cuales afectaron ambos pulmones y el corazón, provocando un shock hipovolémico que derivó en una muerte inmediata.
El comité cívico cruceño calificó la creciente violencia como un reflejo del deterioro institucional y advirtió que representa un riesgo para la estabilidad democrática del país. En ese sentido, sostuvo que es necesaria una transformación estructural del Estado para recuperar la independencia y fortaleza de los órganos encargados de la justicia y la seguridad.
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“Este sicariato es el resultado de una pasividad que huele a entrega. No podemos recuperar el país si antes no recuperamos nuestras instituciones de las manos que las han corrompido”, agrega el documento.
Asimismo, la institución convocó a las autoridades nacionales a adoptar medidas inmediatas orientadas a frenar la escalada de violencia, desarticular a los grupos criminales y realizar una depuración en las entidades responsables de la seguridad pública y la administración de justicia. “Demuestren que el Estado aún existe en Santa Cruz”, complementó.
Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un conflicto de tierras, aunque las autoridades continúan recabando información para confirmar esta hipótesis.