La Defensoría del Pueblo solicitó una investigación “exhaustiva, transparente y oportuna” por el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, registrado cerca de la medianoche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
“Lamentamos profundamente el asesinato del magistrado decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, ocurrido en Santa Cruz de la Sierra. Este hecho de extrema violencia no puede quedar en la impunidad”, afirmó Pedro Callisaya Aro, titular de la institución defensorial.
El hecho se registró en inmediaciones del cuarto anillo y la avenida Busch, cuando la víctima fue interceptada por sujetos armados que circulaban en una motocicleta.
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De acuerdo al reporte policial, uno de los atacantes descendió, se acercó al motorizado en el que se encontraba la víctima y le disparó en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte.
Callisaya recordó que la protección de la vida y la seguridad de la población son obligaciones fundamentales del Estado, por lo que exhortó a las instituciones competentes a actuar con rapidez para brindar certidumbre y tranquilidad a la ciudadanía.
“La protección de la vida y la seguridad de la población constituyen obligaciones fundamentales del Estado. Las instituciones competentes deben actuar con celeridad y brindar certidumbre y tranquilidad al pueblo boliviano”, señaló.
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La Defensoría del Pueblo expresó, además, su preocupación por los hechos de violencia extrema registrados en el país y llamó a fortalecer las acciones de prevención, seguridad ciudadana y lucha contra estructuras criminales que amenazan la convivencia pacífica.
En ese contexto, reiteró su consternación por el asesinato del magistrado Claure y afirmó que se trata de un hecho de extrema violencia que debe ser esclarecido sin dilación.
El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo se suma a otras reacciones institucionales, entre ellas la del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien expresó su indignación por el crimen y advirtió que el “sicariato se ha apoderado” del Estado, cuestionando la ausencia de seguridad y el avance de la violencia en el país.