La Cámara de Senadores pidió suspender la séptima sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), prevista para este viernes 17 de abril, argumentando que no existen condiciones adecuadas y cuestionando la falta de coordinación desde la Vicepresidencia.
A través de un comunicado, la entidad legislativa informó que ya se había acordado con el presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, postergar la reunión debido a varios factores. Entre ellos la sesión plenaria realizada en Tarija, por el aniversario de la región, el viaje de la directiva de Diputados y la proximidad de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos, programada para el domingo 19.
Según el Senado, el compromiso no fue respetado por la máxima autoridad legislativa, ya que igualmente emitió la convocatoria.
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“Se ha solicitado al presidente de la Asamblea Legislativa que cumpla su compromiso y reprograme la mencionada sesión, y coordine en el futuro entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, para que las labores de legislación y fiscalización parlamentaria sean útiles y eficaces”, indica el comunicado.
Asimismo, la instancia del Legislativo criticó la convocatoria del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, a una interpelación sin considerar que él había informado previamente que estaría fuera del país en misión oficial, lo que haría inviable la sesión y generaría gastos innecesarios por el traslado de legisladores.
Pese a los cuestionamientos, la Vicepresidencia ratificó este jueves la convocatoria para las 09:00 del viernes, para que Espinoza brinde explicaciones sobre el traslado de billetes en un avión militar que se accidentó en la ciudad de El Alto, a finales de febrero.
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En ese accidente, un avión Hércules C-130 se salió de la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional, dejando más de 20 fallecidos y 40 heridos. La aeronave transportaba billetes de la Serie B y quedó regada en el suelo tras el impacto a tierra.
Posteriormente, una turba ingresó a la zona del accidente y robó parte del dinero, mientras que el resto fue destruido o quedó bajo resguardo del Banco Central de Bolivia (BCB). El Gobierno aseguró que las pérdidas estaban cubiertas por un seguro, descartando un impacto económico para el Estado.