El Gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó este lunes el Decreto Supremo (DS) 5600 que deroga más de 160 normativas, vigentes desde el periodo del Movimiento Al Socialismo (MAS), que permitían la contratación directa de bienes y servicios en el servicio público.
En un acto realizado en la ciudad de La Paz, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que la normativa elimina todo el paquete de disposiciones que avalaron este tipo de proceso directos, buscando restringir el uso de esta modalidad que era de carácter excepcional.
Según la autoridad, las contrataciones directas allanaban el camino a actos de corrupción y malversación de fondos millonarios durante anteriores gestiones.
LEE TAMBIÉN: Bloqueos por la gasolina: Gobierno convoca a los choferes a una mesa de diálogo en Oruro
“Fueron 161 decretos por más de 96 millones de dólares y por más de 7.930 millones de bolivianos (…) decretos que están vigentes en todo momento y que podían ser utilizados en todo momento para poder dar adjudicaciones sin licitación a quien se le ocurra a la autoridad de turno, y así lo hicieron, por eso llegaron a estos 161 decretos”, afirmó el ministro.
Sostuvo que las irregularidades detectadas no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón sistemático de decisiones que afectaron directamente a la población. Como ejemplos mencionó hospitales inconclusos, unidades de radioterapia paralizadas e infraestructura millonaria abandonada.
La autoridad también cuestionó la ejecución de proyectos como el aeropuerto de San Ignacio de Velasco, el museo de Orinoca y la compra de 702 ambulancias sin licitación por 64 millones de dólares, además de varias contrataciones directas vinculadas —según dijo— a intereses particulares.
LEE TAMBIÉN: Desde la cárcel, Arce denuncia “tortura psicológica” y se declara “preso político”
Según detallo, de las 161 disposiciones, 105 no tenía monto definido, lo que permitía adjudicaciones sin control. “El Gobierno tomó la decisión de no mirar a un costado y eliminar este Estado cloaca en donde se malversó toda esta cantidad de recursos”, afirmó.
En ese marco, Lupo precisó que la nueva normativa establece tres ejes principales: transparentar las licitaciones, eliminar mecanismos de direccionamiento y auditar los procesos de contratación realizadas en anteriores administraciones.
“Queremos pasar de un sistema discrecional a uno transparente, con reglas claras y control institucional”, señaló.
LEE TAMBIÉN: La tripulación de Artemis II verá este lunes un eclipse de 53 minutos, invisible desde la Tierra
A partir de ahora, complementó Lupo, todas las compras públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos y transparentes conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Asimismo, el titular de la cartera de la Presidencia descartó que la medida responda a una persecución política, al asegurar que “quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer, pero quien utilizó al Estado para beneficiar intereses particulares debe responder”.
Añadió que estas acciones están enmarcadas en una política más amplía de reconstrucción institucional impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana.
LEE TAMBIÉN: Bloqueos por la gasolina: Gobierno convoca a los choferes a una mesa de diálogo en Oruro
“Estamos reconstruyendo un Estado para que rinda cuentas, para que funcione y para que esté al servicio de la gente. Porque un Estado sin control no es fuerte, es un Estado capturado por la corrupción”, señaló.
Durante el anuncio, la administración nacional presentó un video en el que expuso obras ejecutadas en el periodo del MAS, pero que quedaron inconclusas o fueron culminadas en medio de acusaciones por los costos y el beneficio para la población.
La normativa instruye a todos los ministerios realizar un relevamiento exhaustivo de las contrataciones directas realizadas en años anteriores, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o hechos de corrupción. Este proceso será reglamentado en un plazo de 30 días por los ministerios de la Presidencia y de Economía.
Las contrataciones iniciadas antes de la vigencia del citado decreto continuarán bajo la normativa con la que fueron iniciadas, garantizando la seguridad jurídica en los procesos en curso.