Luego de la suspensión de la sesión de interpelación del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en la asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la Cámara de Diputados decidió aprobar una resolución camaral que conmina “a las máximas autoridades de las instituciones públicas” a responder a peticiones de informes y a asistir a las interpelaciones.
De acuerdo a una nota institucional, la resolución fue aprobada de manera unánime por los representantes de la Cámara Baja.
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“Queda aprobada la resolución camaral. Remítase a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Órgano Ejecutivo, de la Cámara de Senadores y del Tribunal Supremo de Justicia”, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar.
El primer punto del documento establece, de manera textual, que las principales autoridades de entidades de los tres órganos del Estado “deben cumplir de manera inexcusable, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, las peticiones de informes y las interpelaciones”.
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Agrega que la Cámara Baja aplicará las conminatorias correspondientes conforme a lo previsto en el reglamento interno, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos.
“Si pese a estas acciones las autoridades continúan sin responder a las solicitudes de información, se iniciarán los procesos correspondientes por negativa injustificada de acceso a la información pública”, advierte la resolución.
En medio de tensiones entre el Gobierno y el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, el ministro Medinaceli fue convocado por el segundo mandatario y presidente nato de la ALP a una sesión de interpelación por irregularidades en los contratos firmados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la distribución de combustibles de baja calidad, sin embargo, la fiscalización quedó suspendida sin fecha.
El Gobierno cuestionó la convocatoria a interpelación y los procedimientos de la Presidencia de la ALP para instalar la sesión, por lo que anunció que la autoridad no asistiría a la cita, aunque remarcó que esta decisión no está relacionada con algún temor ante las labores de fiscalización de parte de otras entidades públicas.
Esta semana, legisladores de la alianza Libre iniciaron el trámite para interpelar a los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Defensa, Marcelo Salinas; y de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, sobre la polémica en relación con los billetes que transportaba el avión militar accidentado en El Alto el pasado 27 de febrero.