El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Edson Dávalos, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) retomar el análisis del proyecto de ley destinado a garantizar el funcionamiento del ente constitucional.
“Somos respetuosos de los criterios que manejan y de los entendimientos que pueda tener la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para nosotros es muy importante que se pueda llenarse (completar) de una vez con los otros magistrados”, declaró a radio Fides.
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Dávalos explicó que actualmente cinco departamentos, Santa Cruz, Beni, Cochabamba, Pando y Tarija, no cuentan con representación en el TCP, por lo que consideró que esas regiones deberían exteriorizar su preocupación por la falta de magistrados.
Afirmó que la máxima instancia en materia constitucional tiene un “encargo social muy grande”, la cual es resolver las causas presentadas a nivel nacional, facultad que debe efectuarse de manera conjunta con todos los representantes de los nueve departamentos del país.
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“Nosotros queremos demostrar en estos meses que se vienen que con cuatro personas (magistrados) vamos a poder liquidar más causas que cuando estaban los autoprorrogados; eso queremos hacer, demostrar con hechos”, expresó.
En enero, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de Ley 022/2025-2026, que dispone un régimen transitorio para el funcionamiento del TPC y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La iniciativa plantea que la primera entidad pueda seguir operando con cuatro magistrados titulares electos, mientras que la segunda, con siete tras el cese de los denominados “autoprorrogados”.
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Sin embargo, el diputado del frente Alianza Popular, Rolando Pacheco, denunció que el proyecto normativo permanece estancado en la comisión legislativa.
El documento estipula también como fecha límite el 30 de junio de 2026 para realizar unas nuevas elecciones judiciales y prohíbe cualquier tipo de autoprórroga en el TCP, el TSJ, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Las autoridades judiciales deberán cesar funciones de manera automática al vencimiento de su mandato constitucional.