A través de una misiva enviada al presidente del Estado, Rodrigo Paz, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, solicitó la realización de una auditoria a todos los procesos abiertos en su contra tras declararse “perseguido político” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y víctima de una “injusta detención” sin justificación legal.
“Sabiendo que usted es un hombre de familia, creyente y justo, le pido únicamente que ordene una auditoría a mi situación jurídica desde las reparticiones a su cargo, como son el Viceministerio de Transparencia y la propia Procuraduría, tendrían que revisar cuidadosamente estas causas ilegales en mi contra para ver su absoluta falsedad en los cargos, antes de estar adhiriéndose ciegamente a ellas”, dice la carta presentada en Casa Grande del Pueblo por el abogado de la exautoridad, Giovani Machicao.
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En la misiva, Murillo expresó que fue un “verdadero placer y satisfacción” observar la victoria electoral y posterior posesión presidencial de Paz, y recordó que ambos hicieron sus “primeras armas en la política” cuando fueron diputados nacionales en 2006, durante el Gobierno de Evo Morales.
“Hoy me encuentro privado de libertad, cumpliendo seis meses de detención en el penal de San Pedro sin justificación procesal alguna y bajo una evidente imposición de pena anticipada”, indica el documento.
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El exministro aseguró que actualmente enfrenta 28 causas judiciales que calificó como “fabricados” y “forzados”, los cuales –según dijo– están impulsados por el MAS como parte de una campaña de persecución política.
Del total, la exautoridad cumple detención preventiva por cuatro de ellos.
Además, enfatiza que su regreso a Bolivia fue motivado por el cambio que reflejaban la segunda vuelta de las elecciones nacionales en la política nacional. “Era la esperanza de millones de bolivianos que amamos este país”, dice en referencia a la candidata del ahora jefe de Estado.
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Sin embargo, relata la exautoridad, “grande fue mi sorpresa” cuando después de una primera orden judicial de seis meses de prisión preventiva, se percató que “nada se mueve” en los casos que hoy enfrenta, situación a la que atribuyó a la influencia del MAS en la administración nacional.
“Es evidente que el Ministerio Público y gran parte del Poder Judicial siguen en manos del MAS, bajo la misma metodología de la tortura judicial y la instrumentalización del proceso penal para sus propios fines”, indica la carta.
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Murillo asegura que “jamás me he quejado ni me he victimizado, porque no es mi estilo”, tampoco recurrió a favores políticos ni beneficios por motivos de salud, pero remarcó que su solicitud de intervención estatal en cada uno de sus procesos.
Además, denunció el secuestro de todos sus bienes y el despojo de pertenencias a algunos de sus familiares y allegados, quien también tuvieron que soportar un supuesto hostigamiento político durante el periodo como ministro de Estado, y luego graves afectaciones ya en su etapa como acusado.
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“Solo pido algo simple y justo: Ordene una auditoría a todos mis procesos. Si tengo algo que pagar, lo haré con gusto. Pero hoy cumplo seis meses injustamente detenido, con todos mis bienes secuestrados (…) Señor Presidente, soy claramente un perseguido político”, aseveró.
La exautoridad permanece como detenido preventivo desde septiembre de 2025 tras su llegada a Bolivia después de ser expulsado de Estados Unidos (EEUU), donde cumplió una condena por el delito de lavado de dinero.
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Al respecto, el abogado del exministro, Giovani Machicao, ratificó la denuncia de persecución política de su cliente e indicó que este marzo cumple seis meses de reclusión, por lo que “no existen mayores actos investigativos que justifiquen esta detención preventiva”.
Señaló que el Ministerio Público avanza lentamente en las causas penales en contra y, según dijo, no cuenta con mayores elementos de convicción a los presentados en anteriores audiencias. En ese sentido, sostuvo que Murillo se encuentra detenido “ilegalmente” en la cárcel de San Pedro, ya que le correspondería una cesación a la prisión preventiva o una medida menor radical.
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“El Ministerio Público nos niega muchas solicitudes, requerimientos, por lo cual nos vemos perjudicados. El señor Murillo lleva más o menos 28 procesos, los cuales mucho ya se han vencido (los plazos), hemos logrado los rechazos y sobreseimientos; sin embargo, tenemos otros que están en juicio, donde en muchos ha sido declarado rebelde de manera arbitraria e ilegal, considerando que todo el órgano Ejecutivo y Judicial se encontraba en EEUU”, detalló.
Machicao manifestó también que el patrimonio de la exautoridad fue considerablemente reducido durante el avance de las investigaciones, sin considerar su edad –que figura dentro del rango de adulto mayor– ni los riesgos a los que se exponen en el recinto penitenciario.
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Aclaró que la misiva del exministro al jefe de Estado no pretende obtener favores políticos ni beneficios, sino busca el acompañamiento del Gobierno para garantizar imparcialidad y la protección de sus derechos.
“Nosotros simplemente pedimos que se ejecute la justicia en igualdad procesal para ambas partes y que no se vulneren los derechos y garantías constitucionales del señor Arturo Murillo. Toda vez que estamos haciendo las acciones necesarias como defensa, pero estamos ante una justicia parcializada y corrupta”, añadió.
Murillo enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, contratación de un servicio de alimentación (catering), irregularidades en procedimientos gubernamentales, entre otros.