La Contraloría General del Estado, inició una etapa de fiscalización de las rendiciones de cuentas e informe de exautoridades y anunció una auditoria a la “salud financiera” de las empresas públicas del país, informó la contralora interina, Sandra Quiroga.
El anuncio surge en medio del debate legislativo sobre ampliar el plazo de arraigo obligatorio para exautoridades del nivel central y de las entidades territoriales autónomas que concluyeron su mandato.
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“El plazo de tres ha sido insuficiente para que se pueda efectuar el análisis correspondiente a las rendiciones de cuentas, a los informes de las exautoridades que nos dé una garantía al pueblo boliviano de que sus gestiones han sido transparentes y que el uso de los recursos públicos está siendo precautelado”, afirmó la nueva autoridad, en conferencia de prensa, este viernes.
Quiroga aclaró que la etapa de fiscalización es “netamente técnico e institucional” y remarcó que la vigilancia sobre el uso de recursos públicos es permanente, sin intereses personales ni acciones dirigidas contra personas específicas.
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La autoridad expresó su confianza en que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe la ampliación del plazo para continuar con estas evaluaciones.
Para este año, explicó la contralora, la CGE también prevé desarrollar una serie de auditorías sobre la situación financiera de las firmas estatales, la cual consideró como una “prioridad” de la actual administración.
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“Para esta gestión, la Contraloría tiene previsto realizar auditoría sobre la salud financiera de las empresas públicas, ese el compromiso que tenemos nosotros”, señaló.
Al finalizar la revisión, Quiroga manifestó que emitirán un pronunciamiento oficial sobre las finanzas de las estatales, que determinará “si es que hubo déficit” y recomendar al órgano Ejecutivo asumir las acciones correspondientes.
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En una reciente entrevista, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que aún quedan medidas pendientes en el marco del proceso de estabilización de la economía del país, entre ellos «la reducción de empresas públicas por donde se va tanto dinero y genera déficit”.
La mayoría de las empresas estatales fueron creadas durante el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y fueron blanco de cuestionamientos por actores políticos y económicos por su sostenibilidad y millonarias pérdidas.