La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados acelera los procedimientos para aprobar un proyecto de ley que plantea ampliar el plazo de arraigo obligatorio para exautoridades de la administración de Luis Arce.
La propuesta tiene como finalidad extender por 60 días la disposición enmarcada en la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas, emitido el 14 de octubre de 2020, la cual dispone que las exautoridades y exfuncionarios públicos no podrán salir del país tres meses después de su desvinculación del cargo.
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“El plazo vence el 14 de febrero, nosotros vamos a apresurarnos y antes del 14 tener el proyecto de ley vigente”, informó el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y presidente de la comisión, Manolo Rojas.
La sesión de la comisión legislativa estaba prevista para el martes, pero se postergó para la tarde de este miércoles.
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Rojas señaló que el proyecto de ley se trabajará en tiempo y materia para aprobar su contenido y remitirlo al pleno de la Cámara de Diputados. Si el proyecto es aprobado por el órgano Legislativo y promulgado por el Ejecutivos, las exautoridades de la anterior gestión no podrán salir del país hasta abril del presente año.
“Esperemos que el pleno de Diputados y el Senado le den la misma importancia (a la iniciativa) para evitar que más autoridades salgan del país”, expresó el parlamentario.
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Días atrás, la diputada de la alianza Unidad, Patricia Ballivián, denunció que al menos 38 exfuncionarios público del Gobierno de Arce Catacora incumplieron la normativa y salieron del país.
Ballivián fundamentó su acusación con un informe de la Dirección Nacional de Migración y pidió a las autoridades de la entidad cumplir con su deber y controlar el flujo migratorio de manera efectiva.
“La única respuesta de Migración ha sido informar verbalmente a los exfuncionarios al momento de cruzar la frontera boliviana”, reclamó.
Según la legisladora, Migración reconoce la vigencia de la Ley 1352, pero deslindó responsabilidades ante la falta de un mandamiento de arraigo.
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Por otra parte, el diputado Rojas anunció que presentará una decena de denuncias por presuntos hechos de corrupción y extorsión en el órgano Judicial, el Ministerio de Gobierno y recintos penitenciarios. Sin brindar detalles, adelantó que se identificó un nuevo caso de consorcio de jueces y abogados.
“Hemos podido ver que dentro de las prisiones extorsionaban a privados de libertad; hay autoridades involucradas”, señaló.