La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) se declaró en estado de emergencia en rechazo al proyecto de ley antibloqueos y advirtió que su eventual aprobación es nuevo intento de “desafiar al pueblo”.
La determinación fue asumida en un ampliado nacional del sector minero asalariado y cuestiona al Gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por impulsar una iniciativa sin socialización ni consenso con las organizaciones sociales.
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“Lo que el Gobierno está haciendo es nuevamente desafiar al pueblo, a los sectores sociales (…) los diputados, senadores y gobernantes están bien sentados en su curul gracias al voto del pueblo y las mayorías nacionales (…) son tan malagradecidos y ahora le dan garrote al pueblo, haciendo normativas de hambre y miseria”, señala la resolución leída por la dirigencia minera en conferencia de prensa.
El sector expresó su contundente rechazo a la norma, que –según afirman– busca criminalizar la protesta social y vulnerar derechos de los trabajadores.
“Reprochamos contundentemente esa maldita ley que criminaliza la movilización y los bloqueos”, afirmó la federación asalariada de mineros.
La resolución recordó que las protestas sociales fueron fundamentales para derrocar a gobiernos dictatoriales, restablecer el orden democrático y materializar reivindicaciones laborales y sociales.
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En ese sentido, la FSTMB convocó a la unidad de las organizaciones sociales del país y a permanecer vigilantes a nuevas determinaciones del sector minero. “Nos mantenemos en estado de emergencia nacional, en alerta y en pie de lucha, hasta conseguir nuestros objetivos a favor del pueblo boliviano”, señaló.
Asimismo, el sector advirtió que la “la paciencia del pueblo tiene límite” y que “los derechos y el pan se defienden en las calles”. “Nuestro rechazo rotundo y desconocimiento a las medidas y leyes neoliberales”, añadió.
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“Por tanto, manifestamos al Gobierno central: no provoquen al pueblo”, complementó.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la FSTMB, Andrés Paye, calificó a los impulsores de la propuesta legislativa como “cobardes y traidores de la patria”. “Rechazamos contundentemente este proyecto que tiene el fin de criminalizar, acallar a los trabajadores, amordazarlos y preparar el terreno para los politiqueros”, afirmó.
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Aseguró que la federación minera nacional no permitirá la aprobación de esta ni ninguna otra ley que atente contra la Constitución Política del Estado (CPE) y los intereses de la población.
Además, aseguró que la vía para resolver las demandas sociales es el dialogo y la concertación, en favor de las mayorías.
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Los bloqueos de carreteras son una de las manifestaciones más frecuentes de protesta social en Bolivia y la presentación de al menos cuatro iniciativas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para penalizar la medida con cárcel generó molestia y rechazo en varias organizaciones sociales.
Las propuestas son analizadas en dos comisiones del Senado y una de Diputados para presentar ante los plenos camarales un documento unificado y someterlo a votación.