El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, calificó de “ilegal y abusiva” la aprehensión del juez del municipio cruceño de Cuatro Cañadas, Michael Quiroga, quien horas antes admitió una acción de amparo constitucional relacionada con la cancelación de la personería jurídica del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN).
Lara sostuvo que ningún juez puede ser detenido por aceptar un recurso de amparo constitucional, ya que —según explicó— la admisión de este tipo de acciones es una obligación legal. “Lo que varía es el fallo que van a emitir, si consideran o no la tutela del accionante”, señaló.
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El juez Quiroga fue aprehendido la tarde de este martes en el municipio de Cuatro Cañadas y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de Santa Cruz, donde aguarda su declaración ante el Ministerio Público.
El vicepresidente reiteró sus cuestionamientos al procedimiento policial y advirtió sobre las consecuencias del hecho.
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“Si esto ocurre ¿Qué garantías de seguridad jurídica tienen los jueces y vocales constitucionales para administrar justicia constitucional?”, expresó.
Asimismo, Lara señaló que admitir un amparo no implica automáticamente conceder la tutela al accionante y deslizó la posibilidad de que existan intereses irregulares detrás de la aprehensión.
No obstante, afirmó que no quisiera suponer una participación directa del Gobierno ni del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el caso.
“Lo que debía hacerse era permitir que se lleva a cabo la audiencia y que el vocal de la Sala Constitucional emita su fallo conforme a la Constitución”, afirmó.
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Lara añadió que, según el reporte de la Policía, la detención buscaba evitar la cancelación de la personería jurídica de ADN, pese a que el juez no tuvo la oportunidad de escuchar a las partes.
Finalmente, la autoridad calificó la situación como «grave y vergonzosa», al considerar que el juez no cometió ningún delito.
“El juez de Cuatro Cañadas, a mi entender, no cometió ningún delito”, dijo.
Advirtió que este tipo de acciones genera presión sobre los operadores de justicia y afecta tanto a la democracia como al adecuado funcionamiento del sistema judicial.