La Fiscalía de La Paz apeló la determinación judicial de prisión preventiva por cuatro meses para el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, investigado por actos de corrupción, y solicitó ampliar el tiempo de reclusión a seis meses.
El pasado domingo, un juzgado de La Paz determinó el encarcelamiento de la exautoridad en el penal de San Pedro, mientras avanzan las investigaciones en su contra por presuntos hechos de corrupción vinculados a la construcción de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba–Santa Cruz.
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Esta “determinación fue apelada por el Ministerio Público, al considerar que en la resolución de imputación formal se ha solicitado un plazo de seis meses de detención preventiva”, declaró el fiscal Omar Yujra este lunes en conferencia de prensa.
Montaño enfrenta cargos por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Según el fiscal, el Ministerio Público presentó durante la audiencia documentación y elementos que fundamentan la probabilidad de autoridad del acusado en el proceso.
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De acuerdo a las pesquisas, el extitular de la cartera de Estado generó un perjuicio económico cercano a los $us 3 millones al Estado con la aprobación de un contrato entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y una empresa china. La cifra exacta será “aclarada y concretizada” mediante una auditoría forense, dijo Yujra.
El fiscal precisó que los antecedentes datan de 2015, cuando el contrato original sufrió modificaciones y complementaciones. En el caso de Montaño, la investigación se enfoca en los seis acuerdos modificatorios suscritos entre las gestiones 2020, 2021 y 2025, periodo en el que ejercía el cargo de Ministro de Obras Públicas.
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“El contrato principal, elaborado en 2015, tendría irregularidades respecto al tipo de cambio (del dólar); en ese entonces se tenía un tipo de cambio oficial de Bs 6,96, sin embargo, el plasmado en las boletas y los pagos es de Bs 6,98. Estamos hablando de un contrato para el tramo ‘El Sillar’ que supera los $us 400 millones” en inversión, manifestó.
Esta modificación, según el fiscal, ocasionó un daño económico de más de $us 1 millón.
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El fiscal agregó que “al establecerse contratos complementarios y modificatorios, se han rebajado las penalidades, esto ha hecho que el plazo de ejecución se amplié, lo que también provocó un daño económico de más de $us 1 millón”, haciendo un total de casi $us 3 millones en perjuicios al Estado.
Asimismo, ante la consulta sobre una posible ampliación contra otras exautoridades, Yujra dijo que ahora existen ocho personas investigadas, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de la ABC.
Por su parte, la defensa legal de Montaño adelantó que solicitará su traslado a la ciudad de Santa Cruz, ya que ahí se encuentra su domicilio y actividad laboral, por lo que corresponde que cumpla la disposición judicial en ese distrito.