El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó una serie de irregularidades dentro de la institución que van desde cobros irregulares, anomalías en procesos de contratación y selección de nuevos postulantes, hasta colaboración con actividades delincuenciales.
Indicó, por ejemplo, que se detectó actos de corrupción en la venta y confección de uniformes para los nuevos oficiales de la Policía. Por este caso, se presentó una denuncia por el delito de estafa contra las empresas responsables y los funcionarios policiales implicados fueron derivados a procesos disciplinarios.
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Respecto al proceso de selección de aspirantes a efectivos de la Policía, Sokol señaló que se identificaron más de 180 expedientes con irregularidades, principalmente en pruebas médicas, donde están involucrados médicos y dentistas, además de servidores públicos policiales.
Entre los casos de corrupción más graves, el jefe policial destaco uno registrado en Santa Cruz durante el fin de semana. Según explicó, cuatro efectivos fueron aprehendidos por el presunto cobro de Bs 2.000 a un ciudadano que presentaba un nivel de alcohol en la sangre inferior al mínimo permitido.
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Detalló también un caso en Oruro, donde patrulleros policiales fueron sorprendidos escoltando vehículos con mercadería de contrabando. Los uniformados fueron identificados, aprehendidos, y ahora enfrentan diferentes tipos penales.
Asimismo, Sokol informó que, en el marco de la lucha contra la corrupción, se realizaron más de 100 cambios de destino que incluyeron a directores generales y nacionales, comandantes departamentales y directores departamentales, principalmente en áreas catalogadas como neurálgicas de la institución y susceptibles a vulneraciones por actos de corrupción.
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“Se han cambiado algunos otros funcionarios públicos policiales, de los cuales habría ciertas evidencias de que estarían cometiendo actos de corrupción”, precisó.
Anunció también el lanzamiento de dos nuevas herramientas para fortalecer la lucha contra esta problemática. La primera consiste en una aplicación digital que permitirá a los ciudadanos realizar denuncias de manera más rápida y directa.
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La segunda es la creación del Departamento de Control Policial, que dependerá de la Inspectoría General, y que tendrá la función de supervisar las actividades operativas para identificar y sancionar a malos servidores públicos.
Respecto a la habilitación de líneas telefónicas para que la ciudadanía denuncie irregularidades cometidas por efectivos policiales, Sokol detalló que hasta la fecha se atendieron 97 denuncias, de las cuales 22 fueron verificadas.
“Todas han sido atendidas conforme a procedimiento y se han iniciado procesos disciplinarios por presuntos hechos de corrupción, además de procesos penales”, señaló.