La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el anuncio del presidente del Estado, Rodrigo Paz, sobre el cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y advirtió que la medida podría dejar sin una entidad rectora a sectores de la población que dependen de políticas públicas, coordinación con el Gobierno y servicios esenciales para ejercer sus derechos.
A través de una nota institucional, recordó que la cartera de Justicia tenía bajo su tuición a entidades estratégicas para la protección de sectores vulnerables, los cuales calificó como “pilares fundamentales” para cumplir los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
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En las reparticiones que dependían del ministerio, la Defensoría del Pueblo mencionó al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu), que brindan atención jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o en situación de vulnerabilidad.
También expresó su preocupación por la situación de los concejos y secretarías técnicas que estaban a cargo del Ministerio de Justicia, como el Consejo Plurinacional Contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, entre otros.
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La institución aseguró que estas entidades facilitaban un trabajo interinstitucional, “articulado y multiactor” para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas vinculadas al desarrollo integral de las personas y los derechos humanos.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exigió al Gobierno brindar certidumbre sobre la nueva organización y estructura institucional que asumiría la tuición y administración de todas estas reparticiones.
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La anterior jornada, Paz anunció el cierre del Ministerio de Justicia, en medio de la tormenta política que desató la destitución de su otrora titular, Freddy Vidovic, cercano al vicepresidente Edmand Lara, por una condena penal que no figuraba en los registros oficiales.
La determinación ocurrió en una jornada caótica marcada por la destitución de Vidovic, la designación fallida de su sucesor, Jorge García Pinto, y un cruce de acusaciones entre Lara y la nueva autoridad, que duró solo unas horas en el cargo.