A raíz de una denuncia anónima, tres asambleístas departamentales realizaron un operativo de control en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz y descubrieron un caso de cobros ilegales que presuntamente involucran al gobernador Santos Quispe.
La comisión, conformada por Samanta Coronado, Israel Alanoca y Aida Quispe, llegó a las oficinas de un céntrico edificio de la avenida 6 de Agosto para corroborar la denuncia. En el lugar, Alanoca se hizo pasar por un funcionario para ingresar a las instalaciones donde recaudaban los “aportes” a los trabajadores de la entidad de salud para permanecer en sus cargos.
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“Descubrimos infraganti a estos funcionarios. Uno de ellos forcejeó con Israel y salió corriendo de la oficina, pero pudimos atraparlo más abajo y quedó bajo custodia policial«, relató Coronado.
La asambleísta indicó que en la oficina encontraron planillas de cobro, una computadora portátil con un registro digital del personal del Sedes y un escritorio con tres cajones que contenían grandes sumas de dinero en billetes con denominaciones de Bs 20, Bs 50, Bs 100 y Bs 200.
“Son más de 500 funcionarios y hemos podido ver el escritorio lleno de dinero que cobraban a los empleados. En esta computadora están todas las listas, todo está almacenado allí”, afirmó el asambleísta Alanoca.
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De acuerdo a los legisladores regionales, los cobros se realizaban mensualmente y el monto a cancelar era determinado por el cargo; además, aseguraron que la recaudación no solo se realizaba al interior del Sedes, sino también en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), el Servicio Departamental de Deportes (Sedede) y otras entidades dependientes de la Gobernación de La Paz.
Alanoca afirmó que uno de los funcionarios sorprendidos en la oficina admitió que los cobros irregulares se efectuaban “por instrucción del gobernador Santos Quispe”. En el lugar, un exfuncionario dijo que fue destituido por negarse a realizar los pagos irregulares.
De acuerdo al extrabajador, los “aportes” se recaudaban, en un principio, dentro de las instalaciones del propio Sedes, pero después se instruyó trasladar la transacción a otro edificio.
La investigación apunta a posibles delito de concusión, cohecho pasivo, beneficios en razón del cargo y extorsión, aunque Alanoca dijo que analiza con sus abogados ampliar la investigación por otros ilícitos.
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La denuncia, según relató el asambleísta, coincide con otras denuncias anónimas recibidas por los asambleístas del frente político “Somos Pueblo” y con imágenes de un presunto grupo institucional de WhatsApp, en la que se coordinaba la fecha de entrega de los pagos.
La comisión también solicitó a la Policía investigar a la persona que alquiló la oficina intervenida e identificar a los responsables de este acto de corrupción.
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Al respecto, el director del Sedes, Juan Carlos Camacho, acusó a los asambleístas de buscar “protagonismo” con miras a las elecciones subnacionales y negó que los cobros irregulares fueron instruidos por el gobernador Quispe.
“Los actos que han sucedió (en el Sedes) son responsabilidad de exfuncionarios fuera de la institución”, declaró el ejecutivo departamental en conferencia de prensa la tarde del miércoles, después del operativo.
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Indicó que la institución evalúa emprender acciones legales para contribuir con la investigación activada por la Policía, que llegó al lugar a solicitud de los asambleístas y procedió con la aprehensión de dos presuntos funcionarios
«Me voy a reunir con el equipo legal y vamos a hacer lo que compete y lo que corresponde”, dijo.
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Asimismo, anunció que en las próximas horas presentarán a la opinión pública los memorándums de desvinculación de los dos exfuncionarios, las fechas de retiro y los motivos de su desvinculación.