El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, promulgó la Ley 1657 corta excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situación de emergencia, que autoriza la importación directa de combustibles por entidades públicas y privadas para enfrentar la crisis de desabastecimiento que atraviesa el país.
“Hoy, lunes 27 de octubre de 2025, recibimos la Ley Corta Excepcional y Transitoria para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en situaciones de emergencia, la cual promulgamos de manera inmediata”, escribió el primer mandatario en redes sociales.
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La normativa fue impulsada por el Comité Pro Santa Cruz y sancionada la anterior semana en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que lo remitió la mañana de este lunes al órgano Ejecutivo.
Sin embargo, Arce recordó que su administración implementó medidas para enfrentar el desabastecimiento de carburantes y facilitar su importación, incluyendo la autorización al sector privado de adquirir el producto, no solo para consumo propio, sino también para su comercialización.
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«Actualmente 72 empresas cuentan con el permiso de importación, de las cuales 39 realizan operaciones de internación de carburantes para consumo, 26 empresas tienen autorización para comercialización y 10 realizan la venta de estos productos”, manifestó.
Agregó que “entre enero y septiembre de 2025, se importaron 45.314 metros cúbicos para consumo y 17.785, para comercialización por parte del sector privado”.
Arce Catacora reconoció que su Gobierno observó algunos detalles de la ley, pero aseguró que no obstaculizó su tratamiento. “Más allá de las diferencias políticas y ciertas observaciones que realizamos a la ley que hoy estamos promulgando, como no tomar en cuenta factores de carácter operativo (…) no saboteamos ni bloqueamos iniciativas sancionadas por otro órgano del Estado, cuando se considera que éstas podrían contribuir a solucionar un problema que atravesamos”, aseveró.
No obstante, advirtió que la libre importación y comercialización, establecida por la nueva norma, podría incrementar el precio en el mercado interno, a comparación del producto subvencionado.
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“Esta ley, generará que el precio de la venta de combustible sea más elevado que el que se comercializa en gasolineras con subvención, y que esto se vaya generalizando provocará que el efecto sobre la economía de las familias bolivianas sea inmediata”, finalizó.