El Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de Santa Cruz concedió la acción de libertad presentada contra el presidente del Estado, Luis Arce, y los ministros de Salud y Economía, María Renée Castro y Marcelo Montenegro, respectivamente. La decisión obliga al Estado garantizar los recursos necesarios para el tratamiento de diálisis.
La acción fue presentada por pacientes renales, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, la diputada de oposición, Luisa Nayar, y el abogado Luis Ritter.
LEE TAMBIÉN: Avalancha humana: Justicia suspende arraigo y fija fianza de Bs 6.000 para el cantante de Sangre Cumbiera
La determinación judicial se conoció el martes, justo después que el Ministerio de Salud afirmó en conferencia de prensa que canceló la totalidad de la deuda pendiente con los centros de diálisis y que la medida será replicada en el país. Sin embargo, enfermos renales apuntaron que la presión judicial logró la cancelación del pago.
“Este fallo es de cumplimiento inmediato, antes de la resolución de la audiencia trataron de realizar los pagos para tratar de restar legitimidad, sin embargo, este aspecto no fue validado por el Tribunal de Garantías, toda vez que el pago no acarreaba la negación de la acción, todo lo contrario, demostró que teníamos razón”, declaró el jurista.
LEE TAMBIÉN: EEUU: Hombre prende fuego a un concejal por haber tenido una “aventura” amorosa con su esposa
Por su parte, Cochamanidis remarcó que sin la acción de libertad el Gobierno no iba a materializar el pago total de la deuda. “El centralismo y la burocracia matan”, dijo.
Agregó que los pacientes renales esperan que las autoridades nacionales hagan su trabajo. “Hoy se sentó un precedente: si la justicia si quiere, puede actuar conforme a Ley. Con los pacientes (renales) no se juega”.
LEE TAMBIÉN: Bomberos trabajaron en sofocar un incendio por más de siete horas en La Paz
Días atrás, enfermos renales, junto con representantes del sector salud de Santa Cruz instalaron una vigilia en la plaza 24 de Septiembre, en demanda de soluciones para garantizar su tratamiento. En respuesta, el asesor del Ministerio de Salud, Javier Moreno, garantizó el pagó por servicios de hemodiálisis, principalmente, en Santa Cruz, y denunció el “uso político” de pacientes renales.
“No habría ningún motivo para que haya acciones de hecho, para utilizar a pacientes renales que son un sector altamente vulnerable y que, lamentablemente, por temas políticos han sido expuestos a una vigilia a la intemperie los últimos doce días, mucho menos habría justificación a una acción legal”, afirmó.
LEE TAMBIÉN: Hallan los restos de un hombre que desapareció en 2017 en una mina abandonada en Oruro
Moreno aseguró que cumplirán con el pago por los servicios a las diferentes unidades a nivel nacional, y descartó la internación de pacientes renales en terapia intensiva en la ciudad de Santa Cruz, como denunciaron dirigentes cívicos.
No obstante, el vocero de los enfermos renales, Marco Torrez, denunció que algunos centros médicos suspendieron el servicio por falta de recursos. “Estamos luchando por vivir. Si no se pagaba, muchos estábamos en riesgo de morir”, manifestó.