Desde Santa Cruz, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que el Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención al diésel, no será abrogado pese al rechazo expresado por algunos sectores, principalmente transportistas y grupos afines al expresidente Evo Morales.
La autoridad defendió la norma como una medida adoptada “por el bien de la Patria”, al señalar que el Estado no puede continuar destinando alrededor de 200 millones de dólares a la subvención del carburante, recursos que –según dijo– podrían ser destinados a obras de infraestructura en beneficio de la población.
“El decreto no se va abrogar, es un decreto por el bien de la patria”, sostuvo.
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En lugar de cubrir parte del costo real del diésel en el mercado interino, Blanco planteó como alternativa priorizar inversiones en hospitales, escuelas y carreteras, frente a mantener un mecanismo que termina favoreciendo de determinados grupos mediante el contrabando de combustibles.
“O es hospitales o subvención; o es carreteras, postas sanitarias, escuelas o subvención. Creo que la respuesta es obvia, tenemos que pensar en la patria y no en la subvención que tanto daño nos ha hecho”, indicó.
Luego de la promulgación del decreto que eliminó el subsidio al diésel y, en consecuencia, fija su precio inicial regulado en Bs 17,95, diferentes sectores sociales expresaron su rechazo a la medida por un alza de precios y costo de vida de la población.
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Los transportistas fueron los primeros en activar movilizaciones con marchas y mítines en diferentes puntos del país. La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocó a un repliegue de todas las unidades de servicio público a nivel nacional por 24 horas para este 28 de septiembre, sin embargo, seis de las nueve federaciones departamentales declinaron su participación a la protesta y optaron por impulsar acercamientos con el Gobierno o acciones propias en rechazo al ajuste del precio del carburante.
En la ciudad de Sucre, diferentes sectores organizados del departamento de Chuquisa marcharon por las calles para rechazar el decreto y exigir la anulación del aumento transitorio de las tarifas del transporte urbano. Un pronunciamiento conjunto de las juntas vecinales, la Central Obrera Departamental (COD), gremiales, universitarios, jubilados, maestros y choferes del transporte libre dieron un plazo de 48 hora al Gobierno para restituir el subsidio y crear régimen de protección al consumidor para evitar cobros excesivos.
En caso de no obtener una respuesta oficial, la entidad catalogada como “Unidad Interinstitucional” advirtió con una escalada de las protestas en la capital, acompañado de una toma de instituciones.
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Por su parte, organizaciones sociales que integran el denominado “evismo” también otorgó un plazo al Gobierno para abrogar el paquete de normas que calificó como “inconstitucionales”, entre ellas las relacionadas con el diésel y el cierre de empresas públicas. En un congreso nacional realizado en Lauca Ñ, Morales afirmó que esperarán una respuesta oficial hasta el 3 de octubre, caso contrario, convocarán a una nueva asamblea para organizar diferentes movilizaciones en los nueve departamentos del país.
Según Morales, su primera de protesta será la “gran movilización nacional para salvar Bolivia” que tendrá como destino final la ciudad de La Paz. “Si no es de buenas va a ser a malas; el sábado (10) prepararnos la movilización a partir del 13 de octubre”, señaló.
Ante las amenazas de paros y movilizaciones, el ministro Blanco aseguró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de dialogar con los sectores que cuestionan la disposición. En ese marco, indicó que se continuará buscando acuerdos y soluciones, particularmente con el transporte público.