La Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo este pasado lunes 22 que las investigaciones que ha efectuado a lo largo del último año, periodo en el que hubo un repunte de la represión relacionado con el resultado de las últimas elecciones presidenciales, confirman que sigue ocurriendo «el crimen de persecución por razones políticas«.
Destacó que «no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales«, por lo que «la única esperanza de justicia para las víctimas» recae en definitiva en la comunidad internacional.
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En el pasado, esta Comisión ha determinado en distintos informes la existencia de evidencia y ha documentado casos que indican que el Estado venezolano, a través de la cúpula del aparato gubernamental y de las fuerzas de seguridad, ha cometido crímenes de lesa humanidad.
El informe presentado hoy en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos aporta «nueva evidencia de la dura represión postelectoral que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024» y establece que la persecución política «ha continuado en 2025 contra aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades«.
Entre los elementos que aporta, la presidenta de la Comisión, la jurista portuguesa Marta Valiñas, dijo que de las 25 muertes relacionadas con ese episodio represivo se pudieron examinar y documentar suficientemente 14, y que en doce de éstas estaban involucradas las fuerzas de seguridad.
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«En las protestas en la ciudad de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército dispararon munición real contra los manifestantes. Seis personas murieron durante esos hechos. Una de ellas recibió un disparo con una escopeta a menos de 10 metros de distancia«, expuso Valiñas.
La jefa de la Comisión también recordó que un año después de esos incidentes la Fiscalía «no ha informado sobre las investigaciones que dice haber realizado«, aunque desde el principio esta entidad aseguró que los cuerpos de seguridad no tenían responsabilidad alguna en las muertes y, por el contrario, acusó a la oposición. «Sin embargo, nuestra investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad«, denunció.
En su intervención en el Consejo de Derechos Humanos, el embajador venezolano Alexander Yañez acusó a los comisionados de ser agentes que trabajan «por el cambio de régimen político en Venezuela» y que en sus informes supuestamente «citan a fuentes dudosas, utilizan testimonios inventados y emplean estadísticas sin rigor metodológico«.
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También criticó los recursos empleados por la ONU para que esta Misión investigadora pueda cumplir su tarea, frente a la debilidad con la que denuncia la actuación de Israel en la Franja de Gaza y en el contexto de la crisis financiera de la institución.
Yañez sostuvo que el señalamiento de Venezuela únicamente se debe a la influencia de Estados Unidos «y sus aliados europeos«, aunque no contestó de forma específica a las denuncias que formuló la Misión contra el Estado venezolano.