El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha anulado el proceso judicial que se seguía contra Leopoldo Fernández, quien fuera prefecto de Pando en 2008, por su acusación en los violentos sucesos de Porvenir; hecho que dejó un saldo de al menos más 10 muertos. La instancia judicial dictaminó que Fernández debe ser juzgado a través de un juicio de responsabilidades, en lugar de un proceso ordinario.
El magistrado de TSJ, Carlos Ortega, explicó que la anulación del juicio se basó en un recurso presentado por Fernández, en el que se argumentaba la vulneración de su derecho a un juez natural, una garantía establecida en la Constitución.
La Sala Penal Tercera del TSJ analizó el caso y concluyó que se «vulneró la garantía del juez natural», basándose en «el contexto histórico del debido proceso,» la «justicia interamericana sobre la materia», y la «Sentencia Constitucional 405/2023».
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Ortega señaló que se aplicó el «principio de igualdad» al advertir que existían «hechos fácticos similares» a los que se habían abordado en otras resoluciones.
Como resultado, se ha ordenado la nulidad de «todo el proceso» y se ha instruido que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para que se inicie el «trámite de juicio de responsabilidades» contra el exprefecto.
Contexto de los hechos de Porvenir
Los hechos por los que Fernández fue procesado ocurrieron el 11 de septiembre de 2008, cuando un enfrentamiento entre campesinos y simpatizantes del entonces prefecto de Pando resultó en la muerte de al menos 15 personas, de ambos bandos. Durante el juicio, Fernández declaró haber solicitado la intervención de las autoridades policiales y militares y haber intentado evitar la confrontación cavando una zanja. Sin embargo, los enfrentamientos ocurrieron de todas formas.
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En su momento, la organización Human Rights Watch había solicitado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de los sucesos, dado que las versiones eran contradictorias: mientras Fernández argumentaba que había buscado ayuda para evitar la violencia, el Gobierno de turno sostenía que la masacre fue un hecho planificado.