La disposición séptima sobre el decomiso de productos que está incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 está movilizando a varios sectores sociales. El dirigente de los gremiales Toño Siñani dijo que la Central de trabajadores de Bolivia (CTB) entregó el jueves un pliego petitorio al Gobierno que tiene como principal demanda la anulación del artículo observado. El sector amenaza con activar marchas en el país de no ser atendidos.
“Se ha dado plazo de 72 horas al no atender sobre la derogación del artículo observado, caso contrario, si el Gobierno no nos atiende, nos vamos a ver en movilizaciones de manera escalonada para luego llegar a un paro indefinido”, dijo Siñani.
En el pliego petitorio también señalan que están en desacuerdo “por la elevación de precios de la canasta familiar”. Además, piden “solucionar las filas por combustible”.
Por su parte, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo el jueves que desde el Ejecutivo no se tiene la atribución de anular este punto de la ley sobre el decomiso de productos.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.