El Gobierno nacional ratificó ayer su compromiso de encaminar el estudio internacional para la construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista, según informó el ministro Sergio Cusicanqui.
“Nosotros como Gobierno nacional queremos reiterar que somos un gobierno nacional de palabra y que cumple su palabra y, en ese marco, ratificamos el compromiso asumido hace algunas semanas en relación a que a través de un estudio internacional se va a establecer la viabilidad del proyecto carretero Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista”, sostuvo el Ministro de Planificación del Desarrollo desde la Casa Grande del Pueblo.
Cusicanqui reiteró que desde el Ejecutivo se cumplirá con el compromiso asumido hace algunas semanas y que se trabaja para tener un estudio internacional que también ayude al resguardo del medioambiente, acuíferos y todo aquello relacionado con la construcción de la vía.
La autoridad fijó la posición del Gobierno ante criterios vertidos en relación al proyecto asociado a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), conocida recientemente, en respuesta a un recurso presentado en 2017 en contra de una ley departamental de Santa Cruz y que daría pie a la construcción vial.
“También hay que señalar que ha sido un recurso constitucional que se ha planteado en 2017 a través del exvicepresidente Álvaro García Linera. Eso también es bueno informar a la población boliviana: es un recurso que data de 2017 y que ha sido resuelto en las últimas semanas y ha sido notificado también en las últimas horas. Nosotros como Gobierno nacional ratificamos nuestro compromiso de establecer la viabilidad técnica del proyecto carretero en función a un estudio técnico internacional”, argumentó.
El fallo del control constitucional declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental de Conservación del Patrimonio Natural del Departamento de Santa Cruz de 2015, porque la potestad de legislar sobre la conservación de áreas protegidas o patrimonios naturales no es una atribución departamental. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada en 2017 por el exvicepresidente Álvaro García.
