La Paz, 27 de junio (Radio Splendid).- En cerca de 10 años, desde 2013 al 31 de mayo de esta gestión, la Defensoría del Pueblo registró un total de 1.033 denuncias por tortura y malos tratos, que contemplan una mayor afectación a la integridad física y psicológica, y muestran que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas son las instituciones más denunciadas.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, precisó que las denuncias sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desde noviembre de 2021 son atendidos por la institución defensorial en su calidad de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNP), en el marco de lo dispone la Ley 1397.
Indicó que, en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado boliviano designó a la Defensoría del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a través de la Ley 1397 de 29 de septiembre de 2021, con el objetivo principal de prevenir hechos de tortura y malos tratos.
“Desde que asumió su competencia, el MNP ha realizado acciones para cumplir con su mandato, ha realizado 114 visitas a centros de privación de libertad, celdas policiales y cuarteles para examinar las condiciones y el trato que reciben las personas privadas de libertad y las que están cumpliendo su servicio militar e identificar posibles casos de tortura o malos tratos”, manifestó la Defensora.
Precisó que, además de las 769 denuncias recibidas contra la Policía Boliviana y las 131 contra las Fuerzas Armadas, se registraron 55 contra gobiernos municipales, 43 contra la Dirección General de Régimen Penitenciario, 38 corresponden al Ministerio Público, 12 a universidades y 7 a gobiernos departamentales.
Respecto al tipo de vulneración, 772 denuncias están referidas a la transgresión a la integridad física, 354 a integridad psicológica y 3 a integridad sexual. Los departamentos de La Paz, Tarija y Cochabamba, son donde mayor cantidad de denuncias se registraron con 262, 188 y 185 respectivamente.
Las gestiones de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2021, fueron cuando más denuncias registró la Defensoría del Pueblo con 210, 175, 111, 102 y 110 casos respectivamente.
De acuerdo a un análisis a las denuncias registradas, realizado por el MNP, se identificó que desde 2019 al primer trimestre de 2022, el 55% de las denuncias por tortura y malos tratos se originan en hechos ocurridos en celdas policiales o a momento del arresto o la aprehensión, otro 21% por hechos suscitados en centros penitenciarios, un 14% corresponde a actos de tortura y malos tratos en cuarteles, y un 10% por otro tipo de situaciones como, por ejemplo, malos tratos provocados por guardias municipales o en hospitales.
La Defensora precisó que, hasta el 31 de mayo de este año el MNP realizó a 23 víctimas de tortura valoraciones médicas y psicológicas en base al Protocolo de Estambul que contiene directrices reconocidas a nivel internacional para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En el marco de su facultad de litigación que le otorga la Ley 1397, participa en 34 procesos penales por delitos de tortura, a fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la lucha contra la impunidad. Dentro estos procesos, se encuentran los hechos del conflicto de 2019, como las detenciones en noviembre de ese año en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz, en las zonas de Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela de la ciudad de El Alto y la remisión de las y los detenidos a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la sede de Gobierno donde, durante la custodia de las personas detenidas, la Policía Boliviana cometió actos de tortura.
Este 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de las Naciones en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Bolivia ratificó esta Convención y su Protocolo Facultativo a través de las leyes 1939 y 3298